A días del voto anticipado, LUCHA y colectivos comunitarios exigen transparencia y protección al voto ante la Junta de Supervisores de Maricopa. CORTESIA: LUCHA / Facebook
A sólo días para que comience el voto anticipado en el condado más grande de Arizona, y las organizaciones comunitarias ya se están movilizando Living United for Change in Arizona (LUCHA), junto con Activate 48, Our Voice Our Vote, Progress Now, la ACLU de Arizona, Common Cause Arizona, Fuerte Arts Movement y Organizing Power In Numbers, exigieron proteger a cada votante, contar cada boleta y certificar los resultados.
No es una exigencia cualquiera, pues el 7 de octubre arranca el voto anticipado y también comienzan a enviarse las boletas por correo, el condado tiene unos 2.6 millones de votantes activos.
Y en el aire sigue flotando la pregunta de quién manda realmente en la organización de las elecciones: si el Registrador Justin Heap o la Junta de Supervisores.
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Reglas claras para las elecciones
La buena noticia es que ese pleito tiene un acuerdo vigente desde el 14 de julio, cuando ambas partes negociaron con la mediación del juez Christopher Coury.
El pacto dejó claro que Heap controla el voto anticipado en persona y la Junta se encarga del voto del día de la elección y de la tabulación.
También trajo consigo 12 puestos nuevos para el Registrador, 24 posiciones de tecnología y hasta 15 millones de dólares para un sistema tecnológico aparte. O sea, hay reglas claras para esta elección.
El 28 de septiembre, la fiscal del condado Rachel Mitchell cerró una revisión de 60 registros que Heap había mandado a investigar. ¿El resultado? 52 de esas personas eran ciudadanas.
Ocho eran residentes legales que terminaron registrados por un error del sistema del Departamento de Vehículos Motorizados, nadie fue acusado.
Y ahí está el punto: el secretario de Estado Adrián Fontes dijo que las salvaguardas funcionaron, pero advirtió que usar datos sin verificar puede terminar sacando de los padrones a gente que sí tiene derecho al voto.
El riesgo de no certificar
¿Por qué LUCHA está tan pendiente de esto? Porque en Cochise County ya vieron lo que pasa cuando una junta se niega a certificar, cuando en 2022, los supervisores de ese condado se plantaron y se armó un lío legal.
Y nadie quiere repetir esa película en Maricopa, aunque hasta ahora, hay que decirlo, la Junta de Maricopa no ha anunciado que vaya a retrasar nada.
La certificación tampoco es cosa de un día y la Junta hace su escrutinio, manda los resultados estatales al secretario de Estado, y el proceso se completa como máximo el 23 de noviembre.
Antes de eso vienen tabulaciones, conciliaciones y el manejo de boletas provisionales, lo que es un proceso con pasos, no un botón mágico.
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Las tres demandas de LUCHA son una postura política de las organizaciones, no una orden legal, pero en un año donde cada voto va a contar, y donde el fantasma de la desconfianza electoral sigue rondando, el mensaje no es menor.
La pregunta de fondo no es si el sistema funciona, sino si los votantes van a confiar en él. Y eso, con las boletas a punto de salir, es lo que verdaderamente está en juego.
