El Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito revocó por unanimidad la política de detención obligatoria de ICE que negaba la libertad bajo fianza. Foto: Cortesía / ICE.gov
El Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito, con sede en Nueva York, falló por unanimidad contra la política de detención obligatoria del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), que pretendía encarcelar sin derecho a fianza a la mayoría de las personas sujetas a deportación.
El fallo se produce en un contexto de abrumador rechazo judicial a las directrices de ICE. La decisión fue calificada por la abogada de inmigración Ayensa Millán, del Grupo Legal CIMA, como un triunfo clave en la defensa del debido proceso constitucional.
Defensa del debido proceso
“El pilar del sistema legal estadounidense es la idea simple y poderosa de que el gobierno no puede privar a una persona de su libertad sin una muy buena razón y un proceso justo. Sin embargo, bajo la política de detención obligatoria de la administración actual, ese principio está siendo desmantelado sistemáticamente en la frontera y más allá”, declaró Millán en un pronunciamiento difundido tras conocerse el fallo.
Te puede interesar: Legisladores abogan por ‘Yari’ Márquez, detenida en Eloy
La abogada advirtió que la política impugnada constituye un desafío directo a la Cláusula del Debido Proceso de la Quinta Enmienda. Recordó que durante décadas la Corte Suprema ha sostenido que la detención civil debe ser no punitiva y estar razonablemente relacionada con un objetivo gubernamental, como prevenir un riesgo de fuga o proteger al público.
“Pero la política actual ignora por completo al individuo. Ya sea un residente de larga data con profundos lazos comunitarios o una persona sin antecedentes penales, la ley ahora los trata como una amenaza automática que debe ser encerrada indefinidamente”, criticó.
Millán citó la conclusión del tribunal de apelaciones neoyorquino en el sentido de que este enfoque de “talla única” plantea serias cuestiones constitucionales. Enfatizó que al despojar a los inmigrantes del simple derecho a presentarse ante un juez y solicitar su libertad, “pasamos de un sistema de leyes a un sistema de capricho ejecutivo”.
Un “choque sísmico” en el sistema de detención
La opinión del panel fue redactada por el juez Joseph Bianco —designado por Donald Trump—, a la que se sumaron José Cabranes (nombrado por Bill Clinton) y Alison Nathan (nombrada por Joe Biden).
“La interpretación del gobierno provocaría un choque sísmico en nuestro sistema de detención migratoria y en la sociedad, sobrecargando nuestra ya saturada infraestructura de detención, encarcelando a millones, separando familias y perturbando comunidades”, escribió Bianco en la resolución.
Este fallo del Segundo Circuito es el primero en el que un tribunal de apelaciones rechaza de forma expresa la política de ICE. Previamente, dos circuitos (el Quinto y el Octavo) la habían avalado, aunque con divisiones internas de dos votos a uno.
Un análisis de la prensa cifra en 420 los jueces federales de distrito que han desautorizado la postura gubernamental, frente a solo 47 que la han respaldado, lo que anticipa que el litigio inevitablemente escalará a la Corte Suprema.
El origen de la polémica medida
La política impugnada tiene su raíz en una reinterpretación de las leyes de 1996, destinadas originalmente a acelerar la expulsión de quienes acababan de cruzar la frontera. Históricamente, tanto administraciones demócratas como republicanas habían limitado la detención obligatoria sin fianza a los recién llegados.
Sin embargo, en julio de 2025, el director de ICE, Todd Lyons, amplió ese criterio para aplicarlo a cualquier persona que la agencia pretendiera deportar, incluso si carecía de antecedentes penales y llevaba décadas residiendo legalmente en Estados Unidos. La Junta de Apelaciones de Inmigración refrendó dicha postura en septiembre pasado.
El futuro del litigio y su impacto en miles de familias
Miles de personas detenidas de forma repentina por ICE, muchas de las cuales llevaban años viviendo pacíficamente en Estados Unidos, han recurrido a los tribunales. El reciente fallo podría beneficiar directamente a un número significativo de ellas y, al mismo tiempo, tensar la disputa jurídica nacional, ya que los circuitos Quinto y Octavo mantienen firme su validación a la política del gobierno.
Recibe alertas de última hora directo en tu celular. ¡Únete a nuestro canal exclusivo de WhatsApp
Para concluir su análisis, Ayensa Millán lanzó un llamado a defender las garantías fundamentales, advirtiendo sobre el peligro a nivel nacional:
“Con los tribunales federales ahora divididos y un enfrentamiento en la Corte Suprema en el horizonte, lo que está en juego va mucho más allá de la inmigración. Si el gobierno puede eludir el debido proceso para un grupo basándose en su estatus, el escudo constitucional que nos protege a todos se debilita. El riesgo de perder nuestros derechos es demasiado grande; el tribunal tuvo toda la razón al defender la Constitución”.
