Coalición de 25 estados impugna gravámenes que califican de “impuestos ilegales”
La fiscal general de Arizona, Kris Mayes, presentó una demanda, la número 48, contra la administración del presidente Donald Trump para detener la más reciente ronda de aranceles del 10 y 12.5 por ciento impuestos a más de 80 países, incluyendo la Unión Europea y otras 59 economías, que en conjunto representan el 99.4 por ciento de todas las importaciones estadounidenses, en lo que constituye el tercer desafío legal que los estados encabezan contra la política comercial del mandatario.
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La demanda, presentada ante el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos y liderada por Mayes junto con los fiscales generales de Oregón y California, cuenta con el respaldo de 25 estados de mayoría demócrata y argumenta que la administración está utilizando la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 para preservar un régimen arancelario que los tribunales ya han declarado ilegal en dos ocasiones anteriores.
El presidente Trump, según el escrito legal, ha “perdido en tribunal tras tribunal” al intentar imponer aranceles de manera unilateral, pero ha continuado presionando pese a los reveses judiciales.
En febrero, la Corte Suprema rechazó el uso de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) para imponer aranceles, y en mayo el Tribunal de Comercio Internacional invalidó los aranceles impuestos bajo la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974.
Ante esas derrotas, el mandatario recurrió a la Sección 301 y ordenó al Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) investigar a más de 80 países para determinar si estaban haciendo lo suficiente para combatir el trabajo forzoso en el comercio global.
Sin embargo, los estados demandantes sostienen que la investigación fue “pretextual” y que el USTR “llegó a una conclusión predeterminada” al imponer aranceles generalizados similares a los que los tribunales ya han anulado.
“Aranceles son impuestos”, advierte Mayes
“Donald Trump ha perdido en tribunal tras tribunal tratando de imponer aranceles de manera unilateral, y sin embargo durante más de un año ha seguido adelante imprudentemente y los arizonenses han pagado el precio”, declaró Mayes.
“Los aranceles han resultado en precios más altos de los alimentos, facturas más grandes para las pequeñas empresas que intentan mantenerse a flote y caos en casi todos los sectores de nuestra economía. Nunca dejaré de luchar para proteger a los arizonenses de los impuestos ilegales que el presidente está tratando de imponerles”.
La fiscal general compartió el testimonio de una dueña de un restaurante mexicano que le dijo que ha tenido que racionar la cantidad de salsa y tomates que incluye con su comida, y de otro pequeño empresario que enfrenta el aumento en el precio de los vegetales y los empaques, lo que está erosionando sus ganancias.
Un análisis reciente de investigadores de la Reserva Federal de Nueva York concluyó que casi el 90 por ciento de los costos de los aranceles en 2025 fueron pagados por los consumidores y empresas estadounidenses.
Los estados demandantes argumentan que, al imponer otro aumento de precios, la administración Trump está “triplicando” políticas económicas fallidas e ilegales que continúan afectando los bolsillos de los estadounidenses.
El caso, titulado “Estado de Oregón y otros contra Trump y otros”, fue presentado el mismo día en que los nuevos aranceles, que reemplazan un arancel global del 10 por ciento que expiró, comenzaron a afectar a las importaciones.
La administración Trump ha apelado la decisión del Tribunal de Comercio Internacional que invalidó los aranceles anteriores y ha solicitado una pausa que permitiría que los aranceles sigan vigentes mientras se resuelve el caso.
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La coalición de estados solicita al Tribunal de Comercio Internacional que declare los aranceles ilegales y los anule, y que impida a la administración continuar con este patrón de extralimitación.
Mayes concluyó su conferencia con un mensaje contundente: “Hemos derrotado este esquema arancelario dos veces ya, y lo haremos por tercera vez. Nuestros estados no se quedarán de brazos cruzados mientras la administración intenta por tercera vez imponer impuestos globales a los estadounidenses sin autoridad legal”.
