La fiscal general de Arizona, Kris Mayes, calificó la acción de Donald Trump como un abuso de poder; el estado se une a otras 22 entidades para la demanda colectiva. Foto: Archivo / Prensa Arizona
El presidente Donald Trump enfrentó su primera gran derrota legal tras anunciar la revocación de su decreto que congelaba el gasto de múltiples programas de subvenciones y préstamos federales; la decisión se produjo luego de una ola de críticas, demandas estatales y una orden judicial que suspendió temporalmente la medida.
El memorando original, emitido el lunes por la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB, por sus siglas en inglés), provocó una reacción inmediata de organizaciones sin fines de lucro, gobiernos estatales y miembros del Congreso de ambos partidos, ya que programas esenciales como Meals on Wheels, asistencia para veteranos y fondos de salud pública se vieron en riesgo de interrupción.
La Casa Blanca intentó suavizar la situación asegurando que la medida no afectaría programas clave como el Seguro Social, Medicare y Medicaid, sin embargo, el malestar persistía, ya que el documento original mencionaba una amplia gama de programas potencialmente impactados, generando incertidumbre en líderes estatales y locales.
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La presión alcanzó su punto máximo cuando un juez federal en Washington, D.C., emitió una orden de suspensión temporal contra la medida en respuesta a una demanda presentada por el Consejo Nacional de Organizaciones Sin Fines de Lucro, la Asociación Estadounidense de Salud Pública y Main Street Alliance, quienes argumentaron que la orden de Trump violaba derechos constitucionales y ponía en riesgo a comunidades vulnerables.
Arizona otra vez demanda a Trump
Poco antes de que el gobierno federal echara marcha atrás, el estado de Arizona, junto con otras 22 entidades, presentó una demanda contra la administración Trump, argumentando que la congelación de fondos violaba la Constitución y la Ley de Procedimiento Administrativo.
La fiscal general de Arizona, Kris Mayes, calificó la acción de Trump como un abuso de poder. “Ninguna elección otorga a un presidente poderes dictatoriales”, afirmó. Mayes y otros fiscales generales sostienen que la orden de Trump socavaba la autoridad del Congreso, que es el único organismo con potestad para determinar el uso de los fondos federales.
El impacto de la medida ya se había sentido en Arizona, donde el portal de pagos de Medicaid estuvo inaccesible durante gran parte del martes, afectando a más de dos millones de residentes que dependen del sistema de salud AHCCCS.
En 2022, el gobierno federal destinó aproximadamente un billón de dólares en subvenciones a los estados, representando el 36.4% de sus ingresos totales y entre los programas que estuvieron en riesgo se encuentran: Subvenciones para educación especial y seguridad escolar, asistencia para vivienda bajo el programa de Vales de Elección de Vivienda Sección 8, fondos para el combate al tráfico de drogas y la prevención de sobredosis.
Igualmente programas de investigación sobre cáncer, enfermedades cardiovasculares y bioterrorismo; iniciativas de asistencia para veteranos y prevención del suicidio, así como subvenciones para Head Start, que beneficia a miles de niños de familias de bajos ingresos en Arizona.
La gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, denunció la medida de Trump y advirtió que el congelamiento de fondos podría haber generado caos en servicios esenciales como la seguridad pública y la atención médica.
Por su parte, Oscar De Los Santos, líder de la minoría en la Cámara de Representantes de Arizona, fue contundente: “Personas podrían haber muerto” si la orden se mantenía.
Con la revocación del memorando de la OMB, las demandas interpuestas probablemente sean retiradas, pero el episodio ha dejado claro que la administración Trump enfrentará una feroz oposición legal y política en sus intentos de gobernar mediante decretos ejecutivos.
El senador Mark Kelly, demócrata por Arizona, calificó la medida de Trump como “irresponsable” y alertó sobre su impacto en la financiación de la policía, la asistencia alimentaria y la respuesta ante desastres naturales.
Mientras tanto, expertos jurídicos consideran que esta primera derrota podría marcar la pauta para futuras controversias judiciales, pues Trump, ha prometido una agenda agresiva en su regreso a la Casa Blanca, podría encontrar en los tribunales uno de sus principales obstáculos para la aplicación de su política.
Por ahora, el intento de congelar fondos federales ha fracasado, dejando un precedente de resistencia y el recordatorio de que el poder presidencial tiene límites legales.