Nuevas pistas en la investigación del fiscal especial Jack Smith en contra del ex presidente Donald Trump, sugieren que habría presionado al ex gobernador Doug Ducey para revertir los resultados de la elección 2020, al igual que lo hizo con el secretario de estado de Georgia, Brad Raffensperger, aunque la diferencia es que en éste caso no existe una grabación tan explícita como: “Sólo quiero que encuentres 11,780 votos”.
En reciente artículo de The Washington Post se expone que el ex gobernador habría confiado a donantes republicanos la tremenda presión en la que se encontraba y aunque intentaba evitar un enfrentamiento directo, fue vapuleado por Trump, cuando certificó los resultados y firmó el acta de electores.
Por ello, una nueva acusación federal por conspiración para anular las elecciones y mantenerse en el poder a toda costa, incluso la insurrección, se está preparando en contra de Trump, completamente aparte de los 37 cargos federales derivados del acta de espionaje por la retención ilegal de documentos altamente confidenciales del gobierno de los Estados Unidos y el delito de obstrucción de la justicia.
Es muy probable que éste mismo caso se presente en una corte federal de Nueva Jersey, donde Trump supuestamente mostró documentos clasificados a civiles no autorizados, lo que quedó documentado en una grabación ahora pública donde el propio Trump se autoincrimina.
Esto se suma los 34 cargos estatales que enfrenta en Manhatan en la demanda por abuso sexual a la periodista Jane Carroll, a quien tuvo que compensar con 5 millones de dólares por difamación y a la investigación por interferencia electoral en el estado de Georgia que también se espera derive en otra acusación en las próximas semanas, entre muchos otros problemas legales del expresidente.
Kris Mayes confirmó recientemente a Prensa Arizona, que la Fiscalía General del estado a su cargo, está investigando a los falsos electores republicanos que firmaron las actas apócrifas, al igual que en Georgia, Michigan, Nevada, Nuevo México, Pennsylvania y Wisconsin.
El esquema de los falsos electores se movió desde la cúpula de Donald Trump y sus asesores en un desesperado intento por retener el poder y en resumen pretendían que el entonces vicepresidente Mike Pence descartara las actas originales y las sustituyera por las apócrifas para declarar que Trump y no Joe Biden, era el ganador de la elección 2020.
Cuando Mike Pence se negó a realizar la ilegal acción, Donald Trump después de un incendiario discurso envió a sus fanáticos a “luchar como el infierno” y durante la marcha twiteó que:
“Mike Pence no tuvo el coraje de hacer lo que debería haberse hecho para proteger a nuestro país y nuestra Constitución, dando a los Estados la oportunidad de certificar un conjunto de hechos corregidos, no los fraudulentos o inexactos que se les pidió que certificaran previamente ¡Estados Unidos exige la verdad!”
En respuesta, la enardecida multitud que atacó el Capitolio el 6 de enero del 2021, coreaba y de hecho planeaba “Colgar a Mike Pence”, así como a los líderes demócratas como Nancy Pelosi y Alejandría Ocasio-Cortez, entre otros; cientos de insurreccionistas ya han sido condenados, incluido el líder del grupo extremista “Proud Boys”, Enrique Tarrio, uno de los autores intelectuales de la insurrección.
Aunque toda ésta información ya había sido ventilada a nivel nacional por el Comité Especial del Congreso de los Estados Unidos, varios testigos clave se negaron a responder y se apegaron a la Quinta Enmienda, que les da el derecho de no responder preguntas que pudieran autoincriminarles; igualmente el comité no tenía ningún poder legal y sólo podía recomendar una investigación más exhaustiva al Departamento de Justicia.
El Departamento de Justicia a cargo de Merrick Garland a su vez ordenó una investigación independiente, pero con autoridad judicial y designó al fiscal especial Jack Smith para perseguir los presuntos crímenes cometidos por Donald Trump.
En el transcurso de las pesquisas, varios políticos y funcionarios electorales de Arizona, como Kelly Ward, ex presidenta del Partido Republicano y falsa electora; Cilnt Hickman, ex presidente de la Junta de Supervisores de Maricopa y hasta la entonces Secretaria de Estado y ahora gobernadora, Katie Hobbs, entre muchos otros, podrían habrían sido citados a testificar ante la Fiscalía Especial, pero no ha trascendido mayor información por tratarse de una investigación en curso.
Por ahora se ha confirmado que uno de los principales personajes en la trama para mantener a Trump en el poder, su abogado Rudy Giuliani, ya sostuvo una reunión voluntaria de 8 horas con el fiscal especial Jack Smith; igualmente Mike Roman, quien habría sido el encargado directo de entregar físicamente las apócrifas actas de los falsos electores y ambos habrían negociado con la Fiscalía para evitar o al menos reducir sus muy probables condenas.
Muchos otros testigos clave y al menos 2 falsos electores de Nevada, el presidente del Partido Republicano de Nevada, Michael McDonald, un aliado político cercano de Trump, así como Jim DeGraffenreid, vicepresidente del partido estatal, también habrían ya testificado ante un gran jurado, la diferencia es que en este caso no pueden apelar a la Quinta Enmienda y bajo perjurio, están obligados a responder.
Otros testigos clave en la investigación son los agentes del Servicio Secreto que se encargaron de proteger al entonces Presidente e incluso alguno de los propios ex abogados de Trump, a quienes se les retiró el derecho de secrecía abogado-cliente para que testificaran tanto en los casos de los documentos clasificados como en el complot para mantenerse en el poder.
Irónicamente, Donald Trump está siendo investigado por interferencia electoral, precisamente de lo que él acusa al Gobierno Federal en sus argumentos de que la ™cacería de brujas∫ en su contra es sólo un intento desesperado por evitar que vuelva a ganar la Presidencia en 2024.
Otra ironía es que aún una eventual condena no descalifica a Trump de la Presidencia, pues según la Constitución, todos los ciudadanos por nacimiento que tengan al menos 35 años y hayan sido residentes de los Estados Unidos durante 14 años, pueden postularse y no existe ningún impedimento legal para que continúe su campaña mientras enfrenta cargos penales, incluso si fuera encarcelado.
Tan sólo el mal manejo de materiales clasificados del gobierno es punible con hasta 10 años de prisión por cada cargo, mientras que la obstrucción de la justicia también es un delito grave, con una pena máxima de prisión de 20 años, por lo que en caso de ser encontrado culpable por un jurado, Trump podría enfrentar prisión de por vida.
