El cónsul de México en Phoenix escribe en su columna de hoy sobre las afectaciones que tendrán las comunidades y las familias el aumento de impuestos a las remesas. Foto: Cortesía / Freepik
Mientras las relaciones entre México y Arizona continúan fortaleciéndose mediante el comercio, la inversión y los vínculos familiares, una propuesta incluida en la ley federal H.R.1 del Congreso de Estados Unidos amenaza con poner en riesgo ese avance. Se trata de un impuesto federal a las remesas que los migrantes envían a sus familias fuera del país. A primera vista, puede parecer un tema técnico o lejano. Pero para miles de hogares en Arizona y México, representa una preocupación inmediata y profundamente humana.
Las remesas no son solo transferencias de dinero. Son el fruto del esfuerzo de personas que trabajan largas jornadas, que ahorran lo que pueden, y que —sin importar su estatus migratorio— no olvidan a quienes dejaron atrás. Para muchas familias en México, esos envíos significan comida, medicinas, educación, o simplemente tranquilidad.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha sido clara: México está comprometido con la defensa de los derechos de los migrantes, y rechaza cualquier medida que castigue su esfuerzo o afecte el bienestar de sus familias. No solo como cónsul general en Phoenix, sino como individuo, comparto esa postura, en el entendido que existe la necesidad de dialogar con respeto, sin confrontaciones y con pleno reconocimiento de la soberanía de Estados Unidos.
Desde esa perspectiva, quiero compartir algunos datos que ayudan a entender por qué este tema no solo concierne a México, sino también a Arizona y sus comunidades.
Más del 80 % del ingreso que generan los migrantes mexicanos en Estados Unidos se queda en este país. Se gasta en renta, comida, transporte, salud y educación. Solo en 2022, las personas con estatus migratorio irregular en Arizona pagaron más de 700 millones de dólares en impuestos estatales y locales. Si se aprueba este impuesto, incluso con una tasa del 3.5 %, podrían retirarse decenas de millones de dólares cada año de la economía local. Algunos proyectos incluso plantean tasas de hasta el 15 %.
Esos recursos no desaparecen. Dejan de circular en nuestros vecindarios, en los comercios pequeños, en los mercados, en las gasolineras, en las guarderías, y hasta en los templos. Además, la medida podría empujar a las personas a usar canales informales para enviar dinero, lo que debilita la transparencia financiera y puede generar otros riesgos.
Esta no es solo una discusión económica, sino también de justicia y sentido común. Castigar el trabajo honesto de quienes menos tienen —y que, aun así, aportan— no es la solución. Por el contrario, puede debilitar los lazos comunitarios y generar nuevos desafíos.
¡Únete a nuestro canal de WhatsApp! Entérate primero que nadie de las noticias
Desde este Consulado General, seguiremos informando, dialogando y representando con responsabilidad a nuestra comunidad. Y reiteramos nuestro respeto absoluto a los procesos políticos internos de este país. Pero cuando se trata de medidas que afectan a nuestras familias, nuestras economías y nuestra dignidad, creemos que es nuestro deber participar —con datos, con respeto y con la verdad— en la conversación.
Estados Unidos y México no solo comparten una frontera. Compartimos sueños, desafíos y, sobre todo, personas que todos los días cruzan, trabajan, construyen y unen nuestras dos naciones.
