La Unión Americana de Libertades Civiles de Arizona (ACLU, por sus siglas en inglés) está demandando al Ayuntamiento de Phoenix para bloquear la reanudación redadas de limpieza de un enorme campamento para personas sin hogar en el centro de la ciudad, argumentando que se ha desplazado a personas y destruido documentos de identificación, medicamentos recetados y otras pertenencias.
La ACLU presentó la denuncia en el Tribunal Federal de Distrito de Arizona en una medida para detener la reanudación de las redadas en la ciudad en diciembre que se detuvieron a principios de 2022.
“En lugar de enfrentar su crisis de vivienda de frente e invertir en soluciones sostenibles para la falta de vivienda, el Ayuntamiento está aterrorizando a las mismas personas a las que debería ayudar”, dice la denuncia.
El Ayuntamiento argumentó que las redadas se realizaron para proteger la salud de las personas que viven en el campamento.
Hasta tres veces por semana, se enviaba a trabajadores de limpieza acompañados de agentes de policía, a menudo antes del amanecer y sin previo aviso, pero muchos indigentes reclamaron la pérdida de documentos, medicamentos y otras pertenencias, incluso los restos cremados de un ser querido, porque no estaban cerca o no pudieron rescatar sus cosas a tiempo.
A principios de este año, un grupo de dueños de negocios y vecinos residenciales del campamento conocido como “La Zona” presentaron también una demanda civil.
Sin embargo cada vez hay más personas viviendo en las calles por todos los puntos de la ciudad de Phoenix, en puentes, canales y callejones; el tema de los indigentes ha aumentado los robos y las molestias en vecindarios antes apacibles, ante la incapacidad de los agentes de Policía para actuar contra los individuos que afectan el orden.
De hecho las críticas en contra del Ayuntamiento van en aumento, por permitir el desalojo de cientos de familias en algunos campamentos de casas móviles que fueron comprados para convertirlos en espacios más rentables para sus nuevos propietarios, pues los inquilinos de complejos de “trailas” no cuentan con legislaciones que protejan sus derechos.
