La fiscal general de Arizona, Kris Mayes.CORTESIA: Attorney General Kris Mayes / Facebook
Arizona encabeza otro recurso legal contra la administración Trump
En una acción judicial sin precedentes, la fiscal general de Arizona, Kris Mayes, encabezó una demanda, en coalición con 20 fiscales generales de estados como California, Colorado, Connecticut y Nueva York, contra la administración Trump, en busca detener el plan de reducir a la mitad la plantilla del Departamento de Educación (ED, por sus siglas en inglés), una medida que, según sus promotores, apunta a eliminar la agencia federal y a privatizar la educación pública.
La administración Trump anunció el 11 de marzo que despediría a aproximadamente 1,300 empleados, reduciendo la fuerza laboral de 4,133 a cerca de 2,183 trabajadores. Este recorte masivo se enmarca dentro de lo que los críticos califican de “misión final” para cerrar el departamento, acción que, según la fiscal general Mayes, “no se trata de hacer el gobierno más eficiente, sino de destruirlo”. Mayes denunció que esta estrategia no responde a mejoras en las políticas educativas, sino que persigue debilitar la educación pública para favorecer intereses privatizadores y de lucro.
Te puede interesar: Pide Hobbs extender Proposición 123: Buscan mantener financiamiento para la educación pública
El Departamento de Educación juega un rol crucial en el país, con programas que asisten a casi 18,200 distritos escolares y más de 50 millones de estudiantes de K–12 en aproximadamente 98,000 escuelas públicas y 32,000 privadas, la agencia también presta apoyo a más de 12 millones de estudiantes en la educación postsecundaria.
Las funciones de ED abarcan desde la provisión de tecnología asistencial para alumnos con discapacidades, el pago de salarios y beneficios a docentes, hasta la facilitación de transporte escolar, terapias físicas y del habla, y la contratación de trabajadores sociales que garantizan una atención integral para los estudiantes y la educación.
Según la demanda, el desmantelamiento del departamento tendría efectos devastadores, especialmente en estados como Arizona. La reducción de personal afectaría la capacidad de ED para administrar programas esenciales, entre ellos el procesamiento de ayudas financieras que incluyen préstamos estudiantiles, becas Pell y programas de trabajo-estudio.
Asimismo, se argumenta que se vería mermada la Oficina de Derechos Civiles, responsable de proteger a los estudiantes y la educación contra la discriminación y el acoso sexual, poniendo en riesgo a las poblaciones más vulnerables.
La coalición de fiscales generales sostiene que la medida viola la Cláusula de Establecimiento de la Primera Enmienda, al tratarse de una acción del Poder Ejecutivo que busca desmantelar una agencia creada por el Congreso mediante diversas leyes estatutarias y de financiación.
Además, advierten que tal maniobra atentaría contra la capacidad del gobierno para ofrecer servicios básicos, dejando a millones de estudiantes sin el apoyo necesario, sobre todo aquellos con necesidades especiales o de bajos recursos.
La demanda interpuesta es un intento por obtener una orden judicial que detenga estos despidos y restituya el funcionamiento normal de ED, protegiendo así a los estudiantes y a las comunidades escolares. Educación.
La controversia se suma a otros litigios en curso, en los que estados y defensores de derechos civiles han criticado no solo la reducción de personal, sino también recortes en programas de formación docente y ayudas destinadas a la inclusión y diversidad.
