Representa un revés significativo para la administración Biden y su esfuerzo por ampliar los derechos de los inmigrantes protegidos por DACA. Foto: Cortesía / Freepik
Una decisión emitida por el juez Daniel Traynor, del Tribunal de Distrito de Dakota del Norte, ha bloqueado temporalmente el acceso de jóvenes inmigrantes conocidos como “Dreamers” al seguro médico a través del mercado público de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA, por sus siglas en inglés). Esta medida afecta a 19 estados liderados por fiscales generales republicanos que demandaron para evitar la implementación de una política impulsada por la administración Biden.
La norma, desarrollada por los Centros de Medicare y Medicaid (CMS) a principios de 2023, pretendía permitir que aproximadamente 147,000 Dreamers —jóvenes inmigrantes traídos al país ilegalmente siendo niños y protegidos por el programa DACA— pudieran inscribirse en los seguros médicos del mercado de la ACA. Según los defensores de esta medida, habría ofrecido cobertura médica “vital” para una población que ha esperado más de una década por un acceso equitativo al sistema de salud.
Nicholas Espíritu, subdirector legal del Centro Nacional de Leyes de Inmigración, calificó la decisión como “decepcionante y errónea en términos legales” y prometió seguir luchando en favor de los Dreamers.
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La demanda, liderada por Kansas y Dakota del Norte, se basa en el argumento de que la política de Biden incentivaría la inmigración ilegal al ofrecer beneficios públicos a personas que, según ellos, no califican para recibirlos. Alegan que tanto la ACA como una ley de 1996 prohíben que inmigrantes en situación irregular accedan a beneficios del gobierno.
El juez Traynor, designado por Donald Trump durante su primera administración, concluyó que el acceso a subsidios de la ACA representa un incentivo significativo para permanecer en el país ilegalmente. En su fallo, afirmó que la CMS excedió su autoridad al intentar redefinir, sin aprobación del Congreso, el término “presencia legal” en Estados Unidos.
“Esta es una victoria para el estado de derecho,” declaró Kris Kobach, fiscal general de Kansas, quien criticó duramente la norma como una reinterpretación radical de las leyes migratorias existentes.
Los fiscales generales demandantes, entre ellos representantes de Alabama, Texas, Florida y Virginia, argumentaron que los costos asociados a la implementación de esta política recaerían en los estados y los contribuyentes estadounidenses. Drew Wrigley, fiscal general de Dakota del Norte, señaló que la decisión del Congreso respecto a cómo tratar a los inmigrantes en situación irregular “no siempre parece amistosa, pero refleja preocupaciones reales sobre el acceso y el costo del sistema de salud.”
Por su parte, la CMS declaró estar revisando el fallo sin ofrecer comentarios adicionales sobre el litigio.
El fallo, que permanecerá vigente hasta que el caso llegue a juicio, representa un revés significativo para la administración Biden y su esfuerzo por ampliar los derechos de los inmigrantes protegidos por DACA. Mientras tanto, los defensores de los Dreamers advierten que esta decisión podría privar a miles de personas de una cobertura médica esencial.
El caso subraya las divisiones políticas sobre cómo tratar a los inmigrantes en Estados Unidos, especialmente en áreas relacionadas con beneficios públicos. Mientras los opositores califican la medida de Biden como un abuso de poder, los defensores argumentan que los Dreamers, que han vivido gran parte de sus vidas en el país, merecen acceso equitativo a los servicios de salud.
Con el juicio aún por celebrarse, el futuro de esta política dependerá de nuevas batallas legales que probablemente llegarán hasta las cortes más altas del país.
