El 1 de junio se realizará la histórica elecciones de jueces y magistrados en México. Algunos de los candidatos tienen antecedentes penales. Foto: Cortesía / INE México
A pocos días de que se celebren las primeras elecciones judiciales en la historia de México, crecen las tensiones y preocupaciones en torno a la idoneidad de varios candidatos.
En Durango, Jalisco, Nuevo León y otros estados, aspirantes con pasados polémicos figuran en las boletas electorales, desatando críticas sobre los riesgos de esta reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Leopoldo Chávez, quien busca un puesto como juez federal en Durango, fue condenado por contrabando de metanfetaminas y pasó casi seis años en prisión en Estados Unidos.
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Durango forma parte del Triángulo Dorado, una región dominada por el narcotráfico y en redes sociales, Chávez ha defendido su candidatura afirmando que ya pagó su deuda con la justicia. “Yo nunca me he vendido como el candidato perfecto”, dijo en un video difundido en Facebook.
En Jalisco, Francisco Hernández también figura entre los aspirantes, pero fue destituido como juez penal tras una investigación del Consejo de la Judicatura Federal por presuntas irregularidades. Las acusaciones, asegura, son “calumnias y difamación”.
“Que la gente me juzgue”, declaró.
Mientras tanto, en Nuevo León, Fernando Escamilla, exasesor legal de abogados vinculados al cártel de Los Zetas, también busca convertirse en juez federal, su experiencia en derecho internacional, afirma, debería ser vista como una ventaja,
“¿Ser asesor en derecho internacional o de extradición te da una mala reputación pública? No lo creo”, expresó.
Organizaciones civiles y asociaciones judiciales han alzado la voz. El grupo Defensorxs ha identificado al menos a 20 candidatos con antecedentes preocupantes, incluyendo vínculos con el crimen organizado o acusaciones de corrupción.
Su presidente, Miguel Meza, advierte que los filtros del proceso de selección han sido insuficientes. “Todo lo que estamos viendo es el resultado de intentar acelerar esta reforma”, aseguró.
Una de las candidaturas más polémicas es la de Silvia Delgado, quien representó legalmente a Joaquín “El Chapo” Guzmán antes de su extradición a Estados Unidos. Delgado, que ahora busca ser jueza penal en Chihuahua, sostiene que su pasado no debería invalidarla.
“No soy corrupta, no te pueden quemar por haber representado a alguien”, declaró mientras repartía volantes en Ciudad Juárez, mientras criticó duramente a Meza, a quien acusó de atacarla injustamente.
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La reforma judicial, propuesta por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, fue aprobada en septiembre de 2024. Reduce el número de jueces de la Suprema Corte y flexibiliza requisitos de edad y experiencia. Aunque fue presentada como una medida para combatir la corrupción, ha generado preocupaciones tanto dentro como fuera de México. El entonces embajador estadounidense Ken Salazar la calificó como una amenaza a la democracia.
La directora nacional de la asociación de jueces JUFED, Juana Fuentes, resumió el sentir de muchos: “Lo que está sucediendo con la elección es peligroso” y a pesar de las críticas, las autoridades electorales han señalado que no es posible retirar candidatos antes del 1 de junio.
