Asesinato de Emily Pike desata investigación y renueva llamados a reformas, en el tema de hogares grupales en Arizona. Foto: Cortesía / Arizona Missing Child Taskforce
El brutal asesinato de Emily Pike, una adolescente de 14 años bajo custodia del Departamento de Servicios Infantiles de Arizona (DCS, por sus siglas en inglés), ha reavivado críticas a la regulación de hogares grupales estatales y expuesto fallas sistémicas en la protección de menores vulnerables. La chica huyó en enero de un centro autorizado por el estado en Phoenix, y su cuerpo fue hallado días después con signos de violencia extrema.
El caso motivó a la senadora Carine Werner, presidenta del Comité de Salud y Servicios Humanos, a convocar una audiencia legislativa bipartidista para investigar al DCS, en medio de reclamos por más transparencia y reformas urgentes.
Arizona tiene 143 hogares grupales licenciados que albergan a más de 2,300 menores, según el último informe del DCS (2023). Sin embargo, un 35% de estas instalaciones recibieron citaciones por incumplir normas de seguridad entre 2020 y 2023, incluyendo supervisión negligente y falta de protocolos contra fugas y solo en 2022, 487 menores escaparon de centros de acogida, y el 18% sufrió daños físicos o explotación, según el Arizona Child Safety Task Force.
Emily se convirtió en la cuarta muerte de un menor bajo custodia estatal en tres años, después de casos como el de Carlos Fernández (15), cuyo cuerpo fue encontrado en el desierto en 2021 tras huir de un hogar en Tucson.
El presupuesto del DCS para hogares grupales se redujo un 12% entre 2019 y 2023, ajustándose a $98 millones anuales, pese a que la población bajo custodia aumentó un 9%. Esto ha exacerbado la escasez de trabajadores sociales: la tasa de rotación ronda el 40%, muy por encima del promedio nacional (25%), según la National Association of Social Workers.
“Un cuidador en Arizona maneja hasta 15 casos simultáneos, el doble que en California”, señaló María López, exsupervisora del DCS. Además, el 60% de los centros no cumple con la ratio recomendada de 1 adulto por cada 4 menores.
¿Hacia una Reforma Real?
La senadora Werner anunció que la audiencia convocará a tribus nativas —el 30% de menores en hogares son indígenas—, agencias de seguridad y expertos. Entre los focos está revisar el Protocolo de Respuesta a Fugados, que actualmente da a los centros 24 horas para reportar desapariciones, una ventana crítica que, según defensores, facilita el tráfico humano.
“En Nuevo México, la ley exige notificar en 2 horas. Arizona está rezagado”, criticó James Collins, de Child Welfare Watch.
La investigación también evaluará por qué el DCS no ha implementado tecnología de geolocalización en hogares, pese a que estados como Texas redujeron fugas en un 50% con pulseras GPS.
Además, se revisarán contratos con operadores privados, que gestionan el 80% de los centros; en 2022, la empresa SafeHaven Inc. recibió una multa de $200,000 tras la muerte de un niño por sobredosis en sus instalaciones, pero mantuvo su licencia.
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Organizaciones como Arizona Voices for Children exigen una comisión independiente: “El DCS no puede auditarse a sí mismo”, declaró su directora, Laura Méndez.
Mientras, la familia de Emily interpuso una demanda contra el estado y el hogar grupal, alegando negligencia. “Emily pidió ayuda tres veces antes de huir”, dijo su tía, Rosa Pike.
