El senador por Arizona, Rubén Gallego, presentó el “Acta de Protección a Jubilados 2025”, que prohibiría a la SSA reclamar deudas mayores a 10 años. Foto: Cortesía / @SenRubenGallego
El senador Rubén Gallego encabeza una cruzada legislativa para proteger a miles de jubilados de su estado tras el controvertido anuncio de la Administración del Seguro Social (SSA): desde el 27 de marzo, recuperará el 100% de los pagos excedentes a beneficiarios, revirtiendo una política de la era Biden que limitaba el descuento al 10% mensual.
La medida, justificada como “responsabilidad fiscal” por el gobierno de Trump, podría dejar sin ingresos a adultos mayores que dependen de estos fondos para sobrevivir.
Entre 2015 y 2022, la SSA cometió 72,000 millones en pagos incorrectos, según su propia Oficina del Inspector General. De estos (alrededor de 480 millones) corresponden a sobrepagos, muchos causados por errores administrativos. En Arizona, se estima que 48,000 jubilados (12% de los beneficiarios) recibieron pagos excedentes entre 2020 y 2023.
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Casos como el de María López, una viuda de Tucson que debe 62,000 por sobrepagos recibidos tras la muerte de su padre en 1998, ilustran el drama: “Me notificaron 26 años después. ¿Cómo pago eso con una pensión de 1,500 mensuales?”, cuestiona.
En 2024, el 34% de los adultos mayores de Arizona vivía bajo el umbral de pobreza ($1,215 mensuales para individuos), según el Census Bureau.
El senador por Arizona presentó el “Acta de Protección a Jubilados 2025”, que prohibiría a la SSA reclamar deudas mayores a 10 años. “No es justo que abuelos vendan sus casas por errores burocráticos de hace décadas”, declaró Gallego, cuyo distrito incluye a 220,000 beneficiarios del Seguro Social. La ley actual obliga a devolver pagos excedentes sin importar su antigüedad, incluso si el error fue gubernamental.
“En 2023, solo en Phoenix, la SSA recuperó 47 millones de jubilados, muchos con ingresos menores a 20,000 anuales”, detalló el demócrata, citando un informe del Arizona Center for Economic Progress. Su propuesta, respaldada por 15 senadores, enfrenta resistencia republicana. Los críticos arguyen que eximir deudas antiguas costaría $8,500 millones nacionalmente en la próxima década.
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La SSA sostiene que debe recaudar agresivamente para proteger los fondos fiduciarios, que proyectan insolvencia para 2035. No obstante, defensores de jubilados advierten consecuencias letales: el 63% de los beneficiarios en Arizona depende del Seguro Social para +50% de sus ingresos, según AARP.
Quienes reciban notificaciones de sobrepago pueden solicitar una exención si demuestran imposibilidad económica o falta de culpa. Mientras la SSA evalúa, se suspende el cobro. Sin embargo, en Arizona, solo el 18% de las exenciones fueron aprobadas en 2023, frente al 35% nacional, según ProPublica.
Gallego urge reformar este proceso: “La carga debe caer en la SSA, no en abuelos que ni sabían del error”. Mientras, la incertidumbre crece: cada mes, 1,200 arizonenses reciben cartas de deuda.
