El senador estatal republicano Jake Hoffman, uno de falsos electores acusados por la Fiscalía General de Arizona. CORTESIA: Maricopa County Seriff’s Office
Trumpistas buscan evadir acusaciones invocando ley contra demandas maliciosas
Los aliados del ex presidente y criminal convicto Donald Trump, incluyendo a Rudy Giuliani y líderes republicanos de Arizona, argumentan que la acusación que los señala por conspirar para anular las elecciones presidenciales de 2020 debería ser desestimada bajo el recién enmendado estatuto anti-SLAPP de Arizona, el cual prohíbe procesamientos destinados a inhibir el ejercicio de los derechos de la Primera Enmienda.
Catorce de los 16 acusados restantes en el caso de los “electores falsos” de Arizona dijeron a un juez del condado de Maricopa que la firma y certificación de un documento que asignaba los 11 votos electorales de Arizona a Donald Trump en lugar de a Joe Biden en 2020 era una expresión de las libertades de la Primera Enmienda de los acusados para peticionar al gobierno.
“No hay evidencia de que hubiera un acuerdo entre los electores y otros presuntos conspiradores para violar la ley”, argumentó Michael Columbo, abogado del senador estatal republicano Jake Hoffman, ante el juez Bruce Cohen de la Corte Superior de Maricopa.
El defensor de los falsos electores insistió en que había una diferencia entre cometer fraude y expresar una creencia política impopular.
En 2022, la Legislatura estatal enmendó el estatuto de Arizona contra las demandas estratégicas en contra de la participación pública (o anti-SLAPP) tradicionalmente utilizado como respuesta a acciones civiles que buscan silenciar la libertad de expresión, para incluir procesamientos criminales.
Ahora, aquellos implicados en lo que aparenta ser una conspiración para anular las elecciones presidenciales al firmar documentos falsos y presionar al Congreso y al entonces vicepresidente Mike Pence para que aceptaran los resultados sobre los electores demócratas debidamente certificados están tratando de usar esta ley para desestimar los nueve cargos de conspiración, falsificación y fraude que enfrentan.
Los fiscales, por su parte, argumentaron que las acciones de los acusados deben considerarse en un contexto más amplio.
“No se trata solo de llevar una preocupación a la corte. Es parte de un esquema más amplio para anular las elecciones”, dijo la fiscal Krista Wood.
El caso ha visto a dos acusados declararse culpables, y se espera que el juicio comience no antes de enero de 2026, con una duración de al menos ocho semanas y alrededor de 80 testigos.
La defensa concluirá sus argumentos esta semana y si el juez Cohen determina que han cumplido con su carga, se celebrará una audiencia probatoria en noviembre para que el estado presente su refutación.
