Una nueva página web exhibirá demandas, acusaciones y condenas donde se han usado plataformas como Instagram, Snapchat y Telegram. Foto: Cortesía / Facebook Kris Mayes
La Fiscal General de Arizona, Kris Mayes, anunció la creación de una página web destinada a documentar casos en los que empresas de redes sociales están vinculadas a actividades delictivas; en Arizona son comunes los anuncios para reclutar sobre todo a jóvenes para el traslado ya sea de personas o de estupefacientes.
La nueva plataforma, presentada como una herramienta de transparencia, exhibirá demandas, acusaciones y condenas donde plataformas como Instagram, Snapchat y Telegram son mencionadas por facilitar crímenes.
“Por mucho tiempo, estas empresas han ignorado cómo sus plataformas son usadas por narcotraficantes, especialmente para atraer a jóvenes”, declaró Mayes. “Expondremos cada caso y las haremos responsables públicamente. Se trata de transparencia, responsabilidad y de enviar un mensaje: Arizona está vigilando”, agregó.
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La iniciativa responde a la creciente preocupación por el uso de redes sociales en delitos como el tráfico de fentanilo, reclutamiento de pandillas, fraudes y trata de personas.
Según estudios citados por la fiscalía, una parte significativa de las publicaciones en estas plataformas promueven ventas ilegales de drogas, mientras algoritmos dirigen a adolescentes hacia contenido peligroso. Además, se estima que la mayoría de las muertes por envenenamiento con fentanilo en jóvenes están ligadas a contactos en redes sociales.
Casos destacados y marco legal
Al momento de su lanzamiento, la página “Haciendo responsables a las redes sociales” incluye siete acusaciones que nombran a empresas como Meta (dueña de Instagram), Snap Inc. y Telegram Messenger.
Aunque la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones protege a estas compañías de responsabilidad por acciones de terceros, Mayes argumentó que la plataforma evidenciará cómo sus herramientas “facilitan crímenes”.
“Queremos que los ciudadanos sepan el papel que juegan estas empresas en delitos que destruyen comunidades”, añadió la fiscal. Entre los casos citados figuran operativos donde narcotraficantes usaron redes sociales para vender drogas sintéticas, organizar violencia o explotar menores.
Esta no es la primera vez que Mayes enfrenta a gigantes tecnológicos. En años anteriores, se unió a coaliciones bipartidistas para demandar a Meta por presuntas violaciones a leyes de privacidad y protección de menores. También ha impulsado iniciativas para exigir a la empresa mejores mecanismos contra estafadores.
La fiscal destacó que su oficina colabora con agencias locales, estatales y federales para combatir el flujo de drogas como el fentanilo, que ingresan a Arizona antes de distribuirse a otros estados. Aunque evitó dar cifras, mencionó “incautaciones históricas” de pastillas y polvo de fentanilo, suficientes para dosis letales.
Criticas a la inacción
Mayes recalcó que, pese a la protección legal que ampara a las redes sociales, es crucial “exponer su complicidad indirecta”. La página web busca presionar a estas empresas para que fortalezcan moderación de contenido, ajusten algoritmos y reporten actividades sospechosas.
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“No podemos normalizar que jóvenes sean bombardeados con ofertas de drogas o que pandillas usen estas plataformas para reclutar. La tecnología debe ser un espacio seguro, no un refugio para criminales”, afirmó.
Con esta medida, Arizona se posiciona como un estado pionero en exigir rendición de cuentas al sector tecnológico, marcando un precedente en la lucha contra crímenes digitales. El éxito de la iniciativa dependerá, según expertos, de su capacidad para generar cambios concretos en políticas corporativas y conciencia pública.