El fallo desestimó la impugnación que alegaba que Hugh Lytle había incumplido deliberadamente la obligación de consignar su “dirección residencial real”. Foto: OnSet Media
El Tribunal Supremo de Arizona determinó que Hugh Lytle, candidato independiente a la gubernatura por el Partido No Labels, puede permanecer en la boleta electoral a pesar de haber inscrito en sus documentos de nominación la dirección de un buzón privado de una tienda UPS en lugar de su domicilio real, como exige la ley estatal.
La decisión unánime consideró que Lytle “cumplió sustancialmente” con los requisitos y que el uso de esa dirección no indujo a confusión ni a error entre los firmantes de sus peticiones.
La presidenta del tribunal, la magistrada Ann Scott Timmer, redactó la orden en la que subrayó que “basándonos en el expediente, el uso por parte del candidato de la dirección comercial en la misma ciudad y condado en que reside no era susceptible de confundir o engañar a los miles de personas que firmaron sus peticiones de nominación para un cargo estatal”.
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Por ello, añadió, “no estamos dispuestos a descalificar a su candidato de la boleta”. El fallo desestimó así la impugnación presentada por un activista del Partido Demócrata, que alegaba que Lytle había incumplido deliberadamente la obligación de consignar su “dirección residencial real”.
Lytle, acaudalado celebró la decisión con un comunicado en el que afirmó: “Mis peticiones de nominación representan una Declaración de Independientes que no será detenida por la gobernadora de Arizona, rivales descontentos u operadores partidistas preocupados por su control del poder. La revolución independiente de Arizona está en marcha. Ahora, rumbo a la victoria”.
El candidato había reunido las firmas bajo la bandera del Partido Independiente de Arizona, aunque un juez determinó previamente que el partido adoptó ese nombre de forma ilegal y ordenó que volviera a utilizar la denominación Partido No Labels.
El abogado del demandante, Austin Yost, argumentó en su escrito final:
“El Sr. Lytle plantea una proposición radical: que los candidatos estatales pueden listar cualquier dirección de Arizona en sus documentos de nominación y cumplir sustancialmente con la ley. Esa regla borraría el requisito de la dirección de residencia real para los candidatos estatales y premiaría las violaciones intencionadas”.
Sin embargo, los magistrados rechazaron ese razonamiento y confirmaron la decisión del juez de primera instancia, que ya había concluido que los votantes no fueron engañados.
El tribunal quiso dejar claro que el fallo no abre la puerta a que futuros aspirantes ignoren la ley de forma arbitraria.
“Ciertamente, un candidato coquetearía con la descalificación si proporcionara una dirección falsa con la intención de engañar a diferentes facciones para obtener una ventaja política en el proceso de recogida de firmas”, escribió Timmer.
“Sin embargo, en este caso, no vemos cómo el uso de una dirección comercial establecida en la misma ciudad y condado podría generar confusión, y no nos convence que las diferencias de código postal y distrito legislativo importaran a las personas que apoyaron los esfuerzos del candidato en esta carrera para un cargo estatal”, agregó.
La resolución judicial se produce después de que Lytle utilizara en su documentación la dirección de un buzón comercial situado en el centro de Scottsdale, una ubicación que emplea desde hace años para sus negocios, en lugar de su vivienda del norte de la misma localidad.
La ley de Arizona solo permite el uso de apartados postales cuando el domicilio del candidato está protegido por razones de seguridad, como ocurre con víctimas de violencia doméstica o jueces, una excepción que no se aplicaba a este caso.
Pese a la advertencia incluida en el fallo, la decisión del Supremo estatal zanja la controversia y permite que Lytle permanezca en una contienda por la gobernación que se presenta especialmente disputada.
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El fallo, al ser unánime y no dejar resquicio a futuras impugnaciones sobre este punto, despeja el camino para que el aspirante independiente concentre sus esfuerzos en una campaña en la que aspira a capitalizar el descontento con los dos grandes partidos, un mensaje que ha sido el eje de su discurso desde el inicio de su carrera política.
El Supremo, con su decisión, ha priorizado el derecho de los miles de ciudadanos que rubricaron su candidatura a ver a su aspirante en las urnas por encima de lo que consideró un defecto de forma que no alteró la voluntad popular.
