John Bolton se declarará culpable de un cargo de retención ilegal de información de defensa nacional. CORTESIA: Magnific
Acepta el grave delito de retener ilegalmente información de defensa nacional
A casi dos décadas de que el manejo de secretos de Estado se convirtiera en un arma arrojadiza entre partidos, la justicia federal concretó este miércoles un inusual desenlace: John Bolton, el exasesor de seguridad nacional que se volvió crítico feroz de Donald Trump, aceptó declararse culpable de un delito grave por retener información de defensa nacional.
El acuerdo, que incluye una multa superior a los dos millones de dólares, representa uno de los pocos casos penales contra un alto funcionario de seguridad que llega a una resolución, y se produce en un momento en que los expedientes clasificados siguen agitando la arena política a pocos meses de las elecciones intermedias.
Bolton se declarará culpable de un cargo de retención ilegal de información de defensa nacional, según dos personas familiarizadas con las negociaciones citadas por la prensa nacional.
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El delito conlleva una pena máxima de cinco años de prisión, aunque el acuerdo limitará drásticamente su exposición a la cárcel.
El exfuncionario, de 77 años, deberá pagar más de dos millones de dólares en multas y comparecerá el 26 de junio en la Corte Federal de Distrito en Greenbelt, Maryland, para formalizar su declaración.
Su abogado, Abbe Lowell, no respondió a solicitudes de comentarios.
El proceso penal contra Bolton se remonta a 2025, cuando fue acusado de 18 cargos, ocho por transmitir información de defensa nacional y diez por retenerla, tras una investigación que reveló que compartió más de mil páginas de notas personales con dos familiares que carecían de autorización de seguridad: su esposa y su hija.
De acuerdo con la acusación, Bolton transcribía regularmente sus apuntes manuscritos en extensos documentos que luego enviaba a través de cuentas de correo electrónico personales y aplicaciones de mensajería comerciales.
Uno de los fragmentos citados en el expediente comienza: “El informante de inteligencia dijo que…”; otro, “Mientras estaba en la Sala de Situación, me enteré de que…”, frases que, según los fiscales, demuestran que Bolton era plenamente consciente de estar manejando material sensible clasificado hasta el nivel de alto secreto.
La acusación también sostiene que el exasesor almacenó copias impresas de estas notas en su domicilio de Maryland después de dejar el cargo, pese a que su instalación segura en casa ya había sido desmantelada y se le había advertido explícitamente que no podía conservar material clasificado allí.
El caso contra Bolton transitó por dos administraciones de signo opuesto, pero Trump exigió públicamente su arresto en repetidas ocasiones tras la publicación en 2020 de sus memorias, “The Room Where It Happened”; sin embargo, fue bajo el gobierno de Joe Biden que la investigación cobró impulso.
En 2021, el FBI abrió una nueva pesquisa después de que presuntos piratas informáticos iraníes vulneraran la cuenta de correo personal de Bolton.
Según la acusación, un representante notificó al gobierno del ataque, pero omitió informar que la cuenta contenía información de defensa nacional que Bolton había colocado allí durante su etapa como asesor de seguridad.
Uno de los mensajes del pirata informático, citado en el pliego de cargos, advertía al representante: “Esto podría ser el mayor escándalo desde que se filtraron los correos de Hillary, ¡pero esta vez del lado republicano!”.
El representante remitió el mensaje al FBI, lo que desencadenó la revisión que culminó en la acusación.
Bolton ha sostenido desde el principio que fue objeto de una persecución política. Tras su imputación, afirmó que el caso era un intento de castigarlo por haberse distanciado públicamente de Trump.
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Su defensa, encabezada por Lowell, ha argumentado que la conducta investigada ya había sido examinada años antes y considerada no delictiva, pero la decisión de declararse culpable, sin embargo, evita un juicio que podría haberlo expuesto a décadas de prisión, al tiempo que lo convierte en uno de los pocos altos funcionarios de seguridad nacional condenados por el manejo indebido de secretos oficiales.
El acuerdo con Bolton se produce en un contexto en el que los casos de documentos clasificados siguen siendo un campo minado político, pues el propio Trump fue acusado en 2023 de retener ilegalmente documentos en su residencia de Mar-a-Lago, aunque la causa fue desestimada en 2025 después de que el entonces presidente en funciones, Joe Biden, se retirara de la contienda y Trump regresara al poder, lo que generó un intenso debate sobre la aplicación selectiva de la justicia.
La resolución del caso Bolton, con una multa millonaria y una condena por delito grave, añade un nuevo capítulo a la saga de los secretos de Estado, y seguramente reavivará las acusaciones cruzadas sobre quién recibe clemencia y quién carga con todo el peso de la ley.
