El magistrado Waverly D. Crenshaw Jr., con sede en Nashville, concluyó que la investigación fue reabierta únicamente para castigar a Abrego García por haber demandado exitosamente al gobierno, y calificó la actuación del Departamento de Justicia como un “abuso del poder de persecución penal”. CORTESIA: Abrego Garcia Family
El magistrado calificó la actuación del Departamento de Justicia como un “abuso del poder de persecución penal”
Un juez federal en Tennessee desestimó este viernes los cargos penales por tráfico de personas que pesaban contra Kilmar Abrego García, el migrante salvadoreño que el año pasado fue deportado ilegalmente a El Salvador y cuya odisea lo convirtió en el rostro más visible de la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump.
El magistrado Waverly D. Crenshaw Jr., con sede en Nashville, concluyó que la investigación fue reabierta únicamente para castigar a Abrego García por haber demandado exitosamente al gobierno, y calificó la actuación del Departamento de Justicia como un “abuso del poder de persecución penal”.
“La evidencia objetiva aquí demuestra que, de no haber sido por la exitosa demanda de Abrego para impugnar su traslado a El Salvador, el gobierno no habría presentado esta acusación”, escribió Crenshaw en su fallo de 32 páginas.
El juez fue especialmente severo con el fiscal general interino Todd Blanche, a quien señaló directamente.
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“En lugar de investigar la parada de tráfico de noviembre de 2022 para identificar quién era responsable del tráfico de personas, Blanche inició la investigación para implicar a Abrego. Lo hizo para justificar la decisión del Poder Ejecutivo de expulsarlo a El Salvador”, dijo.
Abrego García, de 30 años y residente de Maryland, llegó a Estados Unidos siendo adolescente; está casado con una ciudadana estadounidense con quien tiene un hijo, y desde 2019 contaba con una orden judicial que prohibía su deportación a El Salvador debido al peligro que enfrentaba por amenazas de pandillas contra su familia.
Sin embargo, en marzo de 2025, agentes federales lo arrestaron cerca de una tienda IKEA en College Park y lo enviaron a la megacárcel CECOT en El Salvador, en lo que la propia administración calificó después como un “error administrativo”.
Su esposa se enteró de su paradero al reconocerlo en un video difundido por el presidente salvadoreño.
El caso llegó hasta la Corte Suprema de Estados Unidos, que en abril de 2025 ordenó al gobierno facilitar su retorno, pero el mismo día en que Abrego García regresó al país, en junio de ese año, los fiscales federales en Tennessee revelaron una acusación por supuesto tráfico de personas basada en una parada de tráfico ocurrida tres años atrás.
El video de la cámara corporal del oficial de la Patrulla de Carreteras de Tennessee muestra un intercambio tranquilo con Abrego García después de que fuera detenido por exceso de velocidad.
En el vehículo viajaban nueve pasajeros, y aunque los oficiales discutieron entre ellos sus sospechas de contrabando, finalmente permitieron que el conductor continuara su camino con solo una advertencia.
La fiscalía federal había cerrado esa investigación sin presentar cargos, y solo la reabrió después de que Abrego García ganara su batalla legal en Maryland.
“Lo que el gobierno califica como ‘nueva evidencia’ no era nuevo en términos jurídicos”, determinó Crenshaw.
El magistrado citó al exfiscal general Robert H. Jackson para subrayar la gravedad de la conducta oficial.
“El entonces fiscal general Jackson advirtió a sus colegas hace mucho tiempo sobre el peligro de elegir primero a la persona y después el delito. ‘Allí reside el poder más peligroso del fiscal: que elegirá a las personas que cree que debe atrapar, en lugar de elegir los casos que necesitan ser procesados’. Esa es la situación aquí”, afirmó.
Sean Hecker, abogado principal de Abrego García, celebró el fallo y declaró que su cliente “es víctima de una Casa Blanca politizada y vengativa, y de sus abogados en lo que solía ser un Departamento de Justicia independiente. Estamos muy complacidos de que sea un hombre libre, y con toda justicia”.
Por su parte, el senador demócrata por Maryland Chris Van Hollen, quien visitó a Abrego García en El Salvador, afirmó que la decisión judicial “dejó en claro lo que sabíamos desde hace tiempo: el Departamento de Justicia estaba involucrado en un procesamiento vengativo contra Kilmar Abrego García”.
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“Como declaró el juez, esto fue un flagrante ‘abuso del poder de persecución penal’, algo que debería preocupar a todos los estadounidenses”, agregó el senado.
El Departamento de Justicia reaccionó de inmediato y un portavoz declaró: “Otro juez activista ha puesto la política por encima de la seguridad pública. La orden del juez es incorrecta y peligrosa, y apelaremos”.
A pesar de la desestimación de los cargos penales, la batalla legal de Abrego García no ha terminado: la administración Trump ha reiterado que no puede permanecer en el país y ha prometido deportarlo a una tercera nación, señalando recientemente a Liberia como posible destino.
Mientras tanto, el fallo de Crenshaw representa un severo revés para la política migratoria de la Casa Blanca y un recordatorio de que, incluso en tiempos de mano dura, la separación de poderes sigue siendo el último dique frente a la persecución selectiva.
