La gobernadora Katie Hobbs firmó una orden ejecutiva y subrayó que esta medida podría ahorrar millones en costos carcelarios y cubrir vacantes en el mercado laboral. Foto: Governor Katie Hobbs / Facebook
En un movimiento que combina justicia social y pragmatismo económico, la gobernadora Katie Hobbs firmó una orden ejecutiva para implementar el programa Reentry 2030, una iniciativa nacional bipartidista que busca facilitar la reinserción laboral de personas previamente encarceladas.
El proyecto, coordinado con el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el Consejo de Gobiernos Estatales (CSG, por sus siglas en inglés), marca un giro en las políticas de seguridad pública de Arizona, priorizando oportunidades sobre castigo perpetuo.
El programa, ya adoptado por estados como Nebraska y Alabama, se centra en capacitación laboral, pasantías y acceso a sectores industriales en crecimiento. Según datos del estado, en 2023 menos de la mitad de los liberados de prisiones estatales consiguieron empleo al año de recuperar su libertad, a pesar de que el 93% regresa eventualmente a la sociedad.
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“Crear caminos hacia el trabajo no solo reduce la reincidencia, sino que fortalece la economía”, declaró Hobbs, subrayando que esta medida podría ahorrar millones en costos carcelarios y cubrir vacantes críticas en el mercado laboral.
El Reentry 2030 establece un grupo de trabajo interagencial liderado por el Departamento de Correcciones y Rehabilitación (ADCRR), que incluye a entidades como el Departamento de Servicios Económicos (DES) y el sistema de salud estatal.
Ryan Thornell, director del ADCRR, destacó que la iniciativa prioriza “servicios rehabilitativos de calidad”, incluyendo capacitaciones adaptadas a demandas empresariales. Por su parte, Michael Wisehart del DES resaltó el beneficio mutuo: “Los empleadores ganan trabajadores comprometidos, y los individuos reconstruyen sus vidas”.
Arizona se suma a un esfuerzo nacional donde 39 estados ya compensan a los exonerados, aunque hasta ahora era uno de los 11 que no lo hacían. Sin embargo, el reto es complejo: el estado tiene una de las tasas más altas de encarcelamiento en el país, y según el Proyecto de Justicia de Arizona (AJP), miles enfrentan barreras sistémicas como licencias laborales denegadas por antecedentes penales, incluso para delitos no violentos. Ejemplo de ello son casos de síndrome del bebé sacudido o condenas por incendios basadas en ciencia desacreditada, que el AJP ha ayudado a revisar.
Khalil Rushdan, miembro de la junta del AJP y gestor de programas religiosos, enfatizó: “No somos estadísticas. Somos personas capacitadas que solo necesitan una oportunidad”. Su testimonio refleja una realidad: en Arizona, una de cada tres personas tiene antecedentes penales, lo que históricamente ha limitado su acceso a vivienda y empleo.
Pese a leyes recientes que prohíben a empleadores públicos preguntar por historial criminal en aplicaciones iniciales, el sector privado aún opera con amplia discrecionalidad.
Marshall Clement del CSG señaló que invertir en reinserción no es solo un acto de justicia, sino una estrategia económica inteligente. Cada dólar invertido en programas de empleo para exconvictos genera un retorno de hasta $5 en reducción de reincidencia y aumento de productividad.
Además, iniciativas como el Talent Ready de Hobbs buscan alinear estas capacitaciones con sectores estratégicos como tecnología y salud, donde Arizona enfrenta escasez de mano de obra.
Aunque el programa ha sido celebrado por organizaciones como el AJP, clasificado con 4 estrellas en transparencia por Charity Navigator, persisten desafíos. La orden ejecutiva no aborda directamente reformas a leyes de licencias profesionales, que en Arizona aún permiten denegar permisos por delitos no relacionados con el trabajo. No obstante, para Thornell, este es un primer paso crucial: “Cambiaremos narrativas: de ‘exconvictos’ a ‘trabajadores esenciales'”.
La apuesta de Hobbs refleja una tendencia creciente en Estados Unidos: reconocer que la seguridad pública no se construye con más rejas, sino con segundas oportunidades. Como resume Rushdan: “Contratar a alguien con antecedentes no es un riesgo, es invertir en resiliencia”.
Arizona, un estado históricamente punitivo, podría estar escribiendo un nuevo capítulo donde la justicia restaurativa y el pragmatismo económico coexistan. El éxito dependerá de que las palabras se traduzcan en empleos reales y de que la sociedad deje de ver cicatrices como cadenas perpetuas.
