Fiscales demócratas escuchan a población afectada por despidos y recortes en una asamblea realizada en Phoenix, Arizona. Foto: Cortesía / Kris Mayes
En un ambiente cargado de tensión y determinación, los fiscales generales de Arizona, Minnesota, Nuevo México y Oregón se reunieron en una asamblea abierta en Central High School de Phoenix para expresar su firme compromiso de enfrentar y contrarrestar los profundos recortes federales impulsados por la administración Trump y su aliado Elon Musk. Conocida como la Oficina de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), ha desatado una ola de despidos indiscriminados, cancelaciones de contratos y bloqueos de financiamiento en agencias federales de todo el país.
La Fiscal General de Arizona, Kris Mayes, abrió la sesión con palabras contundentes:
—“No es eficiencia, es destrucción” —aseguró, haciendo eco de la indignación generalizada entre los asistentes. Mayes explicó que la retórica y las acciones de DOGE, dirigida por altos ejecutivos vinculados a Elon Musk, buscan no solo recortar gastos, sino también debilitar a aquellos que trabajan en el sector público. “Estamos viendo cómo se han cancelado contratos sin justificación, se han eliminado puestos de trabajo esenciales y se ha bloqueado la financiación necesaria para que funcionen correctamente nuestras agencias”, declaró Mayes.
El caso de la administración de DOGE es solo una de las aristas de una lucha mucho más amplia. Los fiscales generales se han unido en una coalición de 23 representantes demócratas para presentar siete demandas contra estas acciones, y Mayes anunció que esta semana se presentará una octava demanda, junto con una solicitud de información bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA) que busca conocer el número exacto de veteranos y cónyuges de veteranos despedidos como consecuencia de estas medidas. Esta acción legal es una respuesta directa a lo que califican de “ataque sin precedentes” a la integridad del servicio público.
Durante la asamblea, el ambiente se cargó aún más cuando se compartieron testimonios de empleados federales que relataron cómo fueron despedidos mediante simples correos electrónicos enviados desde Washington, DC, sin que sus supervisores estuvieran al tanto de estas decisiones. “Nos despedimos sin previo aviso, y luego nos dijeron que debíamos regresar a un edificio que estaba a punto de cerrarse”, comentó uno de ellos, reflejando el desconcierto y la incertidumbre que ahora reinan en varias agencias, entre ellas el Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA). Este mismo organismo, afectado por los recortes, tuvo que revertir el despido de casi 6,000 trabajadores luego de que la Junta de Protección de Sistemas de Mérito determinara que las terminaciones fueron ilegales.
Elyse Guidas, directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro Activate Food Arizona, explicó que el impacto de estos recortes va más allá de la burocracia:
“Nuestros proveedores, que dependen de fondos federales, pueden verse obligados a cerrar, lo que repercutirá en el acceso a alimentos asequibles en las comunidades rurales. Todo esto se traduce en un aumento de los precios y, en última instancia, afecta a toda la población.”
Adrienne Udarbe, de Pinnacle Prevention, agregó que la falta de financiamiento por parte del USDA para reembolsar a los agricultores que participan en programas de bajos ingresos ha generado una crisis que amenaza la seguridad alimentaria. La propia experiencia de los trabajadores despedidos resalta la fragilidad de estas medidas. “La desconexión entre la retórica de eficiencia y la realidad del día a día es abismal”, afirmó Udarbe.
El impacto de estas decisiones también se refleja en áreas tan sensibles como los servicios para veteranos. Empleados del Departamento de Asuntos de Veteranos y los propios veteranos han denunciado la eliminación de programas vitales, como la terapia musical, que ayuda a mejorar la calidad de vida de aquellos que han servido al país. Un memorando filtrado recientemente revela que la agencia podría despedir a hasta 83,000 empleados en los próximos meses, una cifra que ha generado alarma en la comunidad de veteranos.
El fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, subrayó la gravedad del asunto:
“Lo que escuchamos de Trump y de Elon Musk es un lenguaje desprovisto de humanidad. No se trata de ideologías políticas, se trata de vidas de personas que se ven afectadas por estas decisiones arbitrarias.” Sus palabras resonaron entre los presentes, muchos de los cuales se identificaron como trabajadores despedidos o familiares de empleados afectados.
El ambiente en la asamblea, aunque marcado por el dolor y la frustración, también estuvo impregnado de esperanza y determinación. El fiscal general de Oregón, Dan Rayfield, aseguró que la lucha no se librará únicamente en las salas de los tribunales.
“La batalla se ganará en el tribunal de la opinión pública. Estamos aquí para escuchar y actuar en consecuencia. No permitiremos que estos recortes sigan destruyendo lo que tanto nos ha costado construir.”
Por su parte, el fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, se dirigió directamente a los trabajadores federales:
“No están solos. Juntos, como comunidad y a través de nuestras acciones legales, haremos frente a estas injusticias. Cada voz cuenta, y este es solo el comienzo de una serie de encuentros en todo el país para escuchar sus preocupaciones.”
La asamblea de Phoenix es solo la primera de una serie de reuniones planeadas por los AGs. El próximo encuentro se llevará a cabo el 20 de marzo en Minnesota, en el que se espera que más empleados y ciudadanos afectados expresen sus inquietudes y se fortalezcan las iniciativas legales contra los recortes.
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En un contexto en el que se ha hablado de “eficiencia” como pretexto para recortar gastos, las acciones de DOGE han demostrado ser, según afirman los fiscales generales, un verdadero ataque a la operatividad y el bienestar de las agencias federales y sus empleados. Mientras tanto, la coalición de AGs se compromete a mantener la presión a través de litigios y de una constante vigilancia de los recortes que afectan a sectores críticos, como la agricultura, la salud, la seguridad y los servicios para veteranos.
La asamblea concluyó con un mensaje claro: la lucha por proteger el empleo y la calidad de los servicios públicos es un compromiso ineludible. Con la determinación de hacer oír la voz de los trabajadores y la ciudadanía, los fiscales generales prometieron continuar reuniéndose, presionando a la administración y llevando el caso ante los tribunales, para que el gobierno responda por las consecuencias de sus decisiones arbitrarias. La defensa de la eficiencia verdadera y humana se ha convertido en una prioridad para estos líderes, quienes no descansarán hasta que se garantice un trato justo y digno para todos los trabajadores federales.
Obtienen fiscales otra victoria
El Tribunal Federal de Rhode Island detuvo temporalmente la política de congelación de fondos de la administración Trump, una decisión emitida por el juez John J. McConnell otorgó una orden preliminar a favor de la Fiscal General de Arizona, Kris Mayes, y una coalición de 22 fiscales generales, que se unieron para demandar al gobierno federal y bloquear la medida que afectaba a miles de millones en subvenciones, préstamos y programas de asistencia financiera esenciales.
La política de congelación de fondos, que se implementó mediante diversas acciones administrativas —incluido un memorando del 27 de enero del Office of Management and Budget (OMB)—, pretendía retener recursos destinados a estados, organizaciones sin fines de lucro, centros de salud comunitarios y otros servicios públicos críticos.
Según los fiscales generales, estas acciones son ilegales y constituyen un intento “irresponsable y destructivo” de privar a las comunidades de recursos indispensables para garantizar la seguridad pública, la salud y el bienestar de las familias.
“Esta fue un intento ilegal y temerario de retener financiamiento vital, del que dependen los estados para atender a sus comunidades”, declaró Kris Mayes a los asistentes.
“No me quedaré de brazos cruzados mientras la administración Trump se sitúa por encima del Congreso y bloquea recursos de los que dependen nuestras familias, la seguridad pública y la atención médica”, agregó.
La demanda fue interpuesta el 28 de enero y, apenas tres días después, el tribunal emitió una orden de restricción temporal (TRO) que bloqueó la implementación del congelamiento hasta que se dictara una resolución final. Posteriormente, el 7 de febrero, Mayes y la coalición presentaron mociones de cumplimiento y una solicitud de medida cautelar para detener de forma definitiva la medida.
El 8 de febrero, la corte ordenó a la administración cesar de inmediato la congelación de los fondos, y el pasado 28 de febrero se presentó una segunda moción para evitar que se bloquearan cientos de millones de dólares en subvenciones de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).
El juez McConnell resaltó que los estados demostraron una alta probabilidad de éxito en sus reclamaciones de que las acciones constituyeron una violación de la ley. Además, la sentencia ordena a la administración proveer evidencia de su cumplimiento respecto al desbloqueo de los fondos de FEMA antes del 14 de marzo y notificar a todas las agencias federales sobre la orden judicial.
La demanda es liderada por los fiscales generales de California, Illinois, Massachusetts, Nueva Jersey, Nueva York y Rhode Island, y cuenta con el respaldo de las autoridades de Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nevada, Nuevo México, Carolina del Norte, Oregón, Vermont, Washington, Wisconsin y el Distrito de Columbia.
Esta medida judicial se produce en un contexto de creciente controversia por las políticas de austeridad y recortes de la administración Trump, dirigidas a recortar el gasto federal bajo la bandera de la “eficiencia gubernamental”, una estrategia que ha sido ampliamente criticada por provocar despidos masivos y retención de fondos.
El fallo judicial es visto como una victoria para millones de estadounidenses que dependen de estos fondos para servicios esenciales, y envía un mensaje contundente: ninguna administración, por poderosa que sea, está por encima de la ley y de la responsabilidad de garantizar el bienestar de la población. Con la orden preliminar en vigor, las autoridades estatales esperan que la medida judicial sirva como un precedente que obligue a la administración a reconsiderar su enfoque y restaurar los recursos vitales para las comunidades de todo el país.
