Además de la Ley 314, la llegada de Jerry Sheridan como nuevo sheriff del condado de Maricopa ha intensificado los temores. Foto: Cortesía / Facebook US Customs and Border Protection
La reciente aprobación de la Proposición 314 (Ley 314) en Arizona ha generado preocupación entre las comunidades inmigrantes y grupos defensores de derechos civiles. La ley convierte el cruce de la frontera fuera de puertos de entrada autorizados en un delito estatal, otorgando a las fuerzas del orden locales la autoridad para arrestar a personas sospechosas de ingresar ilegalmente al país. Sin embargo, su implementación enfrenta serios obstáculos legales y resistencia por parte de algunas autoridades municipales, lo que pone en duda su viabilidad.
La llegada de Jerry Sheridan como nuevo sheriff del condado de Maricopa ha intensificado los temores. Sheridan, conocido por ser la mano derecha del exsheriff Joe Arpaio, tiene un historial de prácticas discriminatorias. Durante su mandato previo como jefe adjunto, Sheridan fue declarado en desacato civil por desobedecer órdenes judiciales que prohibían la detención de personas basándose únicamente en sospechas de violaciones migratorias.
Sheridan ha asegurado que no implementará la Ley 314 en Maricopa bajo su supervisión, argumentando que solo se aplicaría si alguien es sorprendido cruzando físicamente la frontera. Sin embargo, su historial genera escepticismo. “No podemos confiar en alguien con su agenda racista y antecedentes de discriminación”, afirmó Alexia Isais, una maestra de sexto grado en el sur de Phoenix que trabaja con comunidades latinas e inmigrantes.
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La improbabilidad de su aplicación
La Ley 314 enfrenta importantes barreras legales antes de su implementación. Una cláusula en la legislación establece que no se aplicará hasta que una ley similar en Texas, conocida como SB 4, esté en vigor durante al menos 60 días. Sin embargo, SB 4 se encuentra actualmente bajo revisión judicial por posibles conflictos con las leyes federales de inmigración.
La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) de Arizona ya ha advertido que emprenderá acciones legales si la Ley 314 entra en vigor. Christine Wee, abogada de alto rango de la ACLU en Arizona, expresó confianza en que, como ocurrió con el caso de la SB 1070, podrán detener la implementación de esta nueva legislación.
La mera existencia de la Ley 314 y el regreso de figuras como Sheridan al poder crean un ambiente de hostilidad y temor. Para Rebecca Denis, organizadora de justicia familiar en la organización Poder in Action, Sheridan representa una amenaza para las familias inmigrantes. “Sus acciones hablan más fuerte que sus palabras. Su historial de liderazgo está lleno de prácticas discriminatorias”, comentó Denis.
Bajo el mandato de Sheridan y Arpaio, el Departamento del Sheriff de Maricopa (MCSO) fue conocido por sus redadas en barrios latinos y su uso de perfiles raciales, prácticas que resultaron en demandas colectivas y el pago de más de $300 millones en costos legales y supervisión federal. Aunque el MCSO alcanzó finalmente el cumplimiento con órdenes federales este año, el daño a la confianza comunitaria persiste.
Las leyes estatales que intentan criminalizar la inmigración suelen enfrentar desafíos constitucionales por invadir competencias exclusivas del gobierno federal. Casos previos, como el de la SB 1070 en Arizona, han demostrado que estas legislaciones enfrentan una alta probabilidad de ser anuladas en los tribunales.
Además, expertos advierten que estas leyes exacerban las tensiones sociales y dificultan la relación entre las fuerzas del orden y las comunidades inmigrantes. “El monitoreo policial es inherentemente violento y racista. Estas prácticas nunca han cesado en nuestras comunidades”, afirmó Denis.
La resistencia comunitaria
A pesar del clima hostil, las comunidades inmigrantes han demostrado resiliencia. “Nuestra comunidad sabe cómo unirse. Saben lo que es vivir bajo el terror, pero han sobrevivido”, dijo Denis. Organizaciones locales continúan educando a los residentes sobre sus derechos y promoviendo la solidaridad como estrategia para enfrentar las adversidades.
La aprobación de la Ley 314 pone de manifiesto los retos que enfrentan las comunidades inmigrantes en un contexto político marcado por medidas regresivas. Sin embargo, también subraya la importancia de la resistencia organizada y el papel de los grupos defensores de derechos en la lucha por una justicia equitativa.
En última instancia, la Ley 314 parece destinada a enfrentar los mismos obstáculos legales que han frenado iniciativas similares en el pasado, pero su simple existencia ya ha tenido un impacto tangible al sembrar miedo e incertidumbre en las comunidades afectadas.
