El Juez del Condado de Maricopa invalida reglas clave del manual electoral de Arizona, que repercutirán al Secretario de Estado, Adrián Fontes. Foto: Cortesía / Facebook Adrián Fontes
Un juez de la Corte Superior del Condado de Maricopa anuló el jueves varias disposiciones del manual electoral de 2023 de Arizona, limitando significativamente la autoridad del secretario de estado, Adrián Fontes. Entre las reglas invalidadas destaca una que habría permitido certificar los resultados estatales sin incluir el escrutinio de un condado que no cumpliera con el plazo de certificación.
El juez Scott Blaney dictaminó que esta disposición violaba la ley estatal, señalando que “nada en los estatutos permite al Secretario excluir el escrutinio de un condado en particular y, por extensión, privar de derechos a la totalidad de los votantes de ese condado”. Este punto ya había sido bloqueado previamente por un juez federal tras una demanda presentada en julio por el America First Policy Institute, una organización vinculada al expresidente Donald Trump.
El manual electoral de Fontes, aprobado en diciembre de 2023 con el respaldo de la gobernadora Katie Hobbs y la fiscal general Kris Mayes, había sido objeto de críticas de legisladores republicanos. Argumentaron que varias reglas iban más allá de lo permitido por la ley estatal.
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Entre las disposiciones anuladas por el juez se incluyen:
- Autoridad de los supervisores del condado: El manual intentaba modificar la certificación de resultados electorales, algo que Blaney determinó que excedía la ley estatal.
- Inhabilitación de registros de votantes: Se bloqueó una regla que permitía a los registradores colocar en estado inactivo a votantes si los cuestionarios de jurados indicaban que no eran ciudadanos. Según la ley, los registros deben ser directamente cancelados, no solo inhabilitados.
- Requisitos para circuladores de peticiones: Se anuló una nota al pie que eliminaba la obligación de los circuladores de peticiones de proporcionar correctamente su dirección y datos de contacto, algo requerido por la ley estatal.
