El congresista Raúl Grijalva ha pedido al Departamento de Justicia que investigue el por qué la Junta de Supervisores del Condado de Cochise ha puesto a su registrador republicano a cargo de las elecciones.
En un movimiento que el Fiscal General de Arizona, Kris Mayes, está tratando de bloquear, la Junta de Supervisores del Condado de Cochise nombró recientemente al Registrador David Stevens como su director de elecciones hasta 2024.
Los dos republicanos en la junta de tres miembros, Tom Crosby y Peggy Judd, votaron a favor de la medida, mientras que la demócrata Ann English votó en contra; no es la primera vez que éste condado se ve envuelto en controversias, de hecho en 2022 estuvieron en el ojo del huracán por el proceder de sus representantes trumpistas.
Grijalva envió una carta al Fiscal General Merrick Garland la semana pasada pidiéndole al Departamento de Justicia que investigue la medida y apoye los esfuerzos de Mayes.
“David Stevens tiene un historial de respaldar el negacionismo electoral y tiene conexiones cercanas con candidatos que niegan las elecciones en Arizona. promovió y respaldó la propuesta ilegal de contar a mano todas las boletas electorales de mitad de período en el condado de Cochise, una propuesta que luego fue bloqueada por los tribunales”, escribió Grijalva.
“Además, el Sr. Stevens se ha asociado estrechamente con el candidato que niega las elecciones y el nominado republicano fallido a la Secretaría de Estado de Arizona, Mark Finchem”, argumentó.
Stevens y los supervisores republicanos planearon realizar un conteo manual completo de las boletas de las elecciones de noviembre, pero fue bloqueado en la corte; el condado también se negó a certificar los resultados de las elecciones de 2022 hasta que un juez dictaminó que violó la ley.
“En mi opinión, dadas las acciones pasadas de Stevens y los miembros de la mayoría republicana en la junta de supervisores del Condado de Cochise, esta amplia consolidación de poder es peligrosa y amenaza con socavar la fe en las elecciones del Condado de Cochise”, señaló Grijalva.
“Por esas razones, animo al Departamento de Justicia a investigar y monitorear los procesos electorales del condado de Cochise bajo la administración de Stevens y proporcionar a la Fiscal General de Arizona, Mayes, los recursos y el apoyo que su oficina pueda necesitar para proteger los derechos de voto y la integridad de las elecciones en Arizona.”
Mayes presentó una demanda el 7 de marzo argumentando que era ilegal que el condado nombrara a Stevens director de elecciones.
“El acuerdo es esencialmente un traspaso incondicional de la junta al registrador, no uno que permitiría a ambas entidades trabajar de la mano para cumplir con sus deberes estatutarios de manera abierta y transparente”, dijo Mayes, demócrata, en un comunicado de prensa.
“Si bien los condados pueden celebrar acuerdos de cooperación con sus registradores para administrar las elecciones, el acuerdo del condado de Cochise va más allá de la línea legal”, afirmó.
