La fiscal general de Arizona, Kris Mayes reveló que su oficina ha imputado a más de ciento cuarenta personas en el caso de fraude de Medicaid FOTO: Oscar Ramos / Prensa Arizona
La escalada de hostilidades entre la fiscal general de Arizona, Kris Mayes, y el bloque republicano del Senado estatal, encabezado por su presidente Warren Petersen, alcanzó esta semana un nuevo punto de ebullición en medio del multimillonario fraude al Medicaid que afectó a comunidades indígenas y que, según los datos oficiales, se gestó y estalló entre 2021 y 2023, durante la administración del exgobernador republicano Doug Ducey y del entonces fiscal general Mark Brnovich.
El cruce de acusaciones, que tiene como telón de fondo la campaña electoral de Petersen para arrebatarle el puesto a Mayes en noviembre, ha puesto de manifiesto una evidente guerra política y mediática en la que los republicanos buscan desacreditar a la fiscal demócrata, mientras evitan cuidadosamente señalar a los responsables de su propio partido que estuvieron al frente del estado mientras el esquema fraudulento se disparaba.
La senadora republicana Carine Werner convocó a una conferencia de prensa para exigir “acción inmediata” sobre nueva información proporcionada por denunciantes acerca de facturación fraudulenta y explotación de pacientes en tierras tribales, acusando a Mayes de no haber asegurado suficientes procesamientos ni decomisos de bienes contra los responsables.
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La legisladora, que preside el Comité de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones del Senado, sostuvo que los estafadores reincidentes se han reestructurado y continúan operando bajo nuevos nombres, y que “la población nativa americana más vulnerable está siendo explotada mientras los contribuyentes cargan con la factura. Las excusas y los retrasos deben terminar”.
Sin embargo, cuando se le preguntó si llamaría a declarar al exgobernador Ducey o al exdirector de AHCCCS para que rindieran cuentas, Werner respondió que no ha “llegado tan lejos” y que no quiere “señalar con el dedo” a los culpables.
Esa selectividad en la indignación contrasta con la rotundidad de la respuesta de Mayes, quien antes del acto de Werner ya había celebrado su propia conferencia de prensa para detallar los avances de la investigación.
La fiscal reveló que la facturación bajo el código de salud conductual se ha desplomado un 92%, de más de tres mil cien millones de dólares entre 2021 y 2023 a unos doscientos treinta millones entre 2024 y 2026, que su oficina ha imputado a más de ciento cuarenta personas y que continúan activas alrededor de cien causas penales.
“¿Cómo demonios no hicieron saltar las alarmas en la oficina de presupuesto del gobernador Ducey? Es inexplicable”, declaró Mayes, recordando que su Unidad de Control de Fraude al Medicaid fue la única del país galardonada en 2025 por el Inspector General del Departamento de Salud.
Mayes fue más allá al señalar que la senadora Carine Werner era “mentirosa, y además una tonta” y la señaló de buscar protagonismo con una denuncia de fraude en Medicaid que el FBI ya estaba investigando y lo documentó extendiendo copias oficiales de las comunicaciones vía e-mail.
La respuesta republicana no se hizo esperar. Petersen, aspirante a la fiscalía general, defendió a Werner y arremetió contra Mayes calificándola de “petulante e incompetente”.
El presidente del Senado afirmó que Werner estaba haciendo “el trabajo que debería haberse hecho” y la describió como “una de nuestras integrantes más inteligentes y honestas”.
Petersen, quien fue admitido al Colegio de Abogados a finales de 2023 y cuya experiencia legal ha sido cuestionada incluso por sus rivales en las primarias republicanas, ha convertido el escándalo del Medicaid en el principal ariete de su campaña contra Mayes, pese a que el esquema fraudulento comenzó alrededor de 2019 y se disparó precisamente durante la administración de su partido.
El esquema, que defraudó al programa AHCCCS en aproximadamente dos mil ochocientos millones de dólares, se basó en centros de rehabilitación y viviendas de recuperación fraudulentas que facturaban servicios de adicción que nunca prestaban y retenían a pacientes contra su voluntad, afectando de manera desproporcionada a nativos americanos.
El propio senador republicano John Kavanagh declaró a KJZZ que le irritaba “mucho” que la administración Ducey no hubiera actuado.
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“La División de Licencias del Departamento de Servicios de Salud de Arizona es la responsable de supervisar estos centros, y durante la administración Ducey no tenían ni idea de lo que estaba pasando”.
La paradoja resulta evidente: quienes estuvieron al mando durante los años del saqueo eluden el escrutinio, mientras la fiscal que heredó el desastre y ha dedicado tres años a combatirlo se enfrenta a una ofensiva política que, más que transparencia, parece buscar rédito electoral en noviembre.
