Renace el polémico programa 287(g) en Arizona y enciende alarmas en la comunidad inmigrante
PHOENIX – El resurgimiento del programa federal 287(g), que permite a agencias locales de seguridad actuar como agentes de inmigración, ha provocado una fuerte reacción entre defensores de derechos civiles y organizaciones pro inmigrantes en Arizona.
El programa, que se implementa en colaboración con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), ha sido reactivado como parte de la estrategia de la administración Trump para ejecutar deportaciones masivas. Seis agencias del orden en el estado, entre ellas el Departamento de Policía de Mesa y la Oficina del Sheriff del Condado de Navajo, ya se han adherido a esta controvertida política.
This is us…under my leadership in #RensselaerCounty. Proud to stand alone when we need to as we have since 2018. Very glad that Nassau Co. is also now participating in the 287g program.#LeadersLead#BelieveInSteve pic.twitter.com/sLl1vT62hE
— Steve McLaughlin (@SteveMcNY) May 28, 2025
El programa 287(g) cuenta con tres modelos operativos: el modelo de Aplicación en Cárceles (Jail Enforcement), el modelo de Fuerza de Tareas (Task Force), y el modelo de Oficiales de Órdenes Judiciales (Warrant Service Officer). En el caso de Mesa, participa bajo el modelo carcelario, lo que permite a sus oficiales identificar y procesar a inmigrantes indocumentados que se encuentren bajo custodia por cargos penales.
La Oficina del Sheriff del Condado de Navajo, la incorporación más reciente en Arizona, firmó un acuerdo para funcionar bajo el modelo de Warrant Service Officer, lo que implica que sus oficiales podrán ejecutar órdenes administrativas de inmigración contra personas detenidas.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) ha sido una crítica constante del programa. “Nuestra preocupación central con 287(g) es que desdibuja la línea entre la policía local e ICE, lo que genera miedo y desconfianza en las comunidades inmigrantes”, afirmó Noah Schramm, estratega de frontera de ACLU. Añadió que esta colaboración puede disuadir a las personas de buscar ayuda o cooperar con la policía local por temor a ser deportadas.
El programa 287(g) ya tuvo un historial conflictivo en Arizona, especialmente bajo la administración del exsheriff Joe Arpaio, cuyos operativos migratorios fueron denunciados por prácticas inconstitucionales y perfil racial. La ACLU formó parte de una demanda en su contra, un caso que marcó la historia de lucha contra políticas migratorias discriminatorias en el estado.
La reactivación del programa coincide con un aumento visible de arrestos por parte de ICE, como ocurrió recientemente en las afueras de una corte de inmigración en el centro de Phoenix. Estos eventos han reavivado el temor de que la persecución a inmigrantes se intensifique y que la línea entre seguridad pública y control migratorio se desvanezca aún más.
Para muchas organizaciones, este programa representa una amenaza directa al tejido de confianza entre las autoridades locales y las comunidades inmigrantes. Mientras tanto, el debate sobre su legitimidad y consecuencias sigue encendido en uno de los estados con más historia en políticas migratorias controversiales.
