El departamento de la Policía de Phoenix continúa bajo investigación federal por abusos y brutalidad. Foto: Cortesía / Policía de Phoenix
En apenas los primeros dos meses de 2025, cuatro personas han muerto tras encuentros con el Departamento de Policía de Phoenix, tres de ellas por disparos letales de oficiales. Estas muertes se suman a un historial alarmante: en 2024, la policía de Phoenix mató a 14 personas, un aumento significativo en comparación con las 12 registradas en 2023 y las 10 de 2022.
Este incremento en el uso letal de la fuerza ocurre mientras el Departamento de Justicia de Estados Unidos mantiene bajo la lupa al cuerpo policial, pues en junio de 2024, tras una investigación de tres años, el gobierno federal publicó un informe devastador que documenta violaciones sistemáticas a los derechos civiles cometidas por oficiales de Phoenix.
Entre los hallazgos, el informe señala que la policía local discrimina regularmente a comunidades de color, utiliza fuerza excesiva e innecesaria y arresta sin justificación a personas sin hogar.
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Además de enfrentar la supervisión federal, el Departamento de Policía de Phoenix arrastra una larga lista de demandas por brutalidad policial, algunas de las cuales han resultado en acuerdos multimillonarios pagados con fondos públicos.
En 2023, por ejemplo, la ciudad pagó 5 millones de dólares para resolver un caso donde oficiales mataron a un hombre desarmado, y en 2024, se sumaron nuevas querellas legales tras la publicación del informe federal.
El jefe de la policía, Michael Sullivan, fue contratado en 2022 con carácter interino para dirigir el departamento en medio de la tormenta legal y política, sin embargo, su contrato expira en agosto de este año, y el Ayuntamiento ya busca un nuevo jefe que asuma el mando en septiembre.
Pese a la gravedad de los hallazgos federales, la alcaldesa Kate Gallego y varios miembros del Concejo Municipal han rechazado la idea de someter al departamento a una supervisión independiente y en su lugar, han defendido reformas internas como la adopción de una nueva política de uso de la fuerza, aunque paralelamente debilitaron la Oficina de Responsabilidad y Transparencia y redujeron el alcance de la junta ciudadana de revisión policial.
Estas tensiones políticas se agravan tras el regreso de Donald Trump a la presidencia, ya que se anticipa que su administración desmantelará los esfuerzos de reforma policial impulsados durante el gobierno anterior, eliminando la posibilidad de una intervención federal más profunda.
Las cuatro muertes
El 10 de enero, Turrell Clay, de 33 años, murió tras ser arrestado por un antiguo cargo de violación de libertad condicional. La policía lo atacó con proyectiles “menos letales” mientras se encontraba en un techo. Tras caer y ser golpeado por los oficiales, fue llevado al hospital, donde murió durante una cirugía.
El 17 de enero, Christopher Phillips, de 45 años, murió por un disparo de rifle en la espalda mientras huía de la policía. Según el relato oficial, Phillips habría apuntado con un arma a un oficial, aunque el video publicado por el departamento no muestra claramente ese momento.
El 12 de febrero, David García, de 41 años, murió tras una persecución que involucró a varias agencias policiales. García, acusado de secuestrar a una mujer, disparó contra los oficiales antes de ser abatido. La mujer, que fue rescatada con una herida de bala, recibió un disparo proveniente del arma de García, según confirmó un peritaje balístico.
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Finalmente, el 19 de febrero, Dominic Gracia, de 31 años, murió tras ser localizado dentro de un contenedor de reciclaje. La policía dice que sacó un arma antes de ser abatido.
Con cada muerte, crecen las dudas sobre si las reformas prometidas realmente están cambiando la cultura de brutalidad dentro de la policía de Phoenix o si, por el contrario, el departamento sigue operando con impunidad.
