¿Qué proposiciones se aprobaron en Arizona y cuáles se rechazaron?

Entre las propuestas más controversiales estaban en la boleta la Proposición 314, la 138 y 139, la 140, entre otras, que trataban de temas migratorios, aborto y salario de meseros. Foto: Archivo

Arizona se ha convertido nuevamente en un campo de batalla clave sobre temas de inmigración y derechos sociales, con varias iniciativas de ley que generaron debates intensos y desafiaron las fronteras entre el poder estatal y federal. 

Entre las propuestas más controversiales, la Proposición 314, conocida como el Secure the Border Act, ha capturado gran parte de la atención mediática y política. Si bien Arizona es conocida por su enfoque rígido hacia la inmigración, la nueva medida también ha generado una serie de conflictos legales y protestas de diversas organizaciones. 

Por otro lado, en el mismo contexto electoral, los votantes rechazaron otras medidas que habrían afectado el salario de los trabajadores con propinas y alterado el sistema electoral del estado.

Con un 61% de apoyo de los votantes a mitad del conteo de los votos, la Proposición 314 promete convertir a Arizona en el epicentro de una nueva batalla sobre el control de la inmigración en la frontera sur de Estados Unidos. Propuesta por legisladores republicanos, la iniciativa autoriza a las autoridades locales a arrestar a migrantes por cruzar la frontera ilegalmente, un acto que ahora se convertiría en un crimen estatal. De ser aprobada en su totalidad, las personas detenidas por este crimen enfrentaría hasta seis meses de cárcel, con la posibilidad de que jueces estatales emitan órdenes de deportación. Además, la propuesta castiga a los residentes de Arizona que presenten documentos falsificados para obtener empleo o beneficios públicos, imponiendo una pena de felonía de clase 6.

Este conjunto de medidas tiene como fin responder a la creciente preocupación sobre los flujos migratorios en la frontera entre Arizona y México, pero también revive viejos enfrentamientos con el gobierno federal. La iniciativa se inspira en la legislación aprobada en Texas, aunque la Proposición 314 no entrará en vigor hasta que la Corte Suprema de Estados Unidos resuelva el litigio sobre la ley de Texas o anule una sentencia de 2012 que limitó las facultades de Arizona para crear leyes de inmigración independientes.

Si bien los republicanos en el estado presentan esta propuesta como una solución a la “crisis fronteriza”, los opositores, incluidos grupos latinos, activistas de derechos civiles y algunos líderes de la policía local, advierten que la medida podría aumentar el perfil racial y sobrecargar aún más a las agencias de seguridad pública locales. Las autoridades que patrullan las comunidades fronterizas han expresado su preocupación de que la nueva ley podría desviarse de las prioridades de seguridad pública al enfocarse en la criminalización de migrantes, en lugar de abordar la violencia y el crimen organizado en la zona.

Aunque la Proposición 314 ha pasado con el apoyo de los votantes, los defensores de los derechos civiles ya han advertido que la iniciativa enfrentará varios desafíos legales. Antes de ser incluida en la boleta, organizaciones progresistas intentaron impugnarla en los tribunales, alegando que la propuesta violaba el requisito constitucional de que las iniciativas solo aborden un tema específico. Además, se argumentó que la medida podría aumentar el gasto estatal sin una fuente de financiamiento independiente, algo que es obligatorio en la constitución de Arizona.

Uno de los aspectos más críticos de la ley es que, a pesar de los esfuerzos por parte de los republicanos para justificar el gasto, los detalles sobre la financiación del programa no están claros, lo que podría generar una carga adicional para los presupuestos estatales, especialmente en lo relacionado con el mantenimiento de la seguridad pública. A pesar de estos desafíos, los líderes republicanos han manifestado que la implementación de la ley dependerá de futuras legislaturas.

Si bien la Proposición 314 ha generado una división profunda, otro tema crucial en las elecciones de Arizona fue el acceso al aborto. En una victoria para los derechos reproductivos, los votantes aprobaron una reforma que protege el derecho al aborto hasta la viabilidad fetal, aproximadamente entre las 22 y 24 semanas de gestación. Esta decisión es un claro desafío al precedente del caso Roe v. Wade, que había sido anulado por la Corte Suprema de los Estados Unidos. En este caso, Arizona es el primer estado en anular una prohibición de 15 semanas de embarazo, en un esfuerzo por garantizar acceso al aborto incluso en situaciones donde la vida o la salud de la madre esté en riesgo.

A pesar de la oposición conservadora, que se manifestó en un intento por bloquear esta reforma, los votantes se unieron en una coalición amplia que incluyó tanto a liberales como a conservadores que se oponen a la intervención del gobierno en decisiones personales sobre la salud. Esta aprobación se dio en un contexto de creciente preocupación por las políticas restrictivas en otras partes del país, especialmente después de la anulación de Roe v. Wade por parte de la Corte Suprema. Sin embargo, la lucha por los derechos reproductivos en Arizona no ha terminado. Los opositores al aborto han prometido desafiar la reforma en los tribunales, y algunos ya están preparando iniciativas para derogarla en futuras elecciones.

Otra importante derrota para los intereses empresariales fue la Proposición 138, que buscaba enmendar la constitución del estado para permitir a los empleadores pagar a los trabajadores con propinas un 25% menos del salario mínimo. A pesar de los esfuerzos de la Arizona Restaurant Association, que promovió la medida bajo el nombre de “Tipped Workers Protection Act”, los votantes se opusieron rotundamente. Con más del 75% de los votos en contra, los residentes de Arizona rechazaron esta medida que habría reducido significativamente los salarios de los trabajadores que dependen de las propinas para completar su salario.

La Proposición 138 se originó como una respuesta a una iniciativa previa que buscaba aumentar el salario mínimo en el estado, pero que había sido bloqueada en los tribunales por cuestiones técnicas. El objetivo de esta medida era contrarrestar los aumentos en el salario mínimo a través de una política que beneficiara a los empresarios del sector restaurantero y de servicios. Sin embargo, los votantes no apoyaron la propuesta, reconociendo que afectaría negativamente a los trabajadores más vulnerables en el sector de servicios.

Finalmente, en otro revés para los impulsores de reformas radicales, la Proposición 140 que proponía implementar un sistema electoral de votación por elección clasificada y primarias “en la jungla” fue rechazada por los votantes. Esta propuesta, inspirada en el modelo de California, hubiera alterado profundamente la manera en que Arizona realiza sus elecciones. Con un fuerte apoyo de grupos conservadores, incluidos el sheriff del condado de Pinal, Mark Lamb, y el ex juez de la Corte Suprema de Arizona Andrew Gould, la Proposición 140 fue derrotada por un amplio margen. Los opositores argumentaron que la medida habría socavado la integridad y transparencia del sistema electoral del estado.