Ante la crisis generada por las redadas migratorias, Donald Trump prometió aplicar “sentido común” con un nuevo decreto, aunque no detalló plazos ni mecanismos. Foto: Cortesía / ICE.gov
El Presidente Donald Trump reconoció, el daño colateral de las redadas migratorias en el sector agrícola y durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, sugirió la posibilidad de un próximo decreto para proteger a trabajadores indocumentados con larga trayectoria en campos estadounidenses. “Nuestros agricultores están siendo gravemente perjudicados”, admitió el mandatario, destacando que muchos inmigrantes llevan “más de 20 años” laborando en el sector.
La tensión surge tras operativos recientes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en California y Nebraska.
En Ventura County, California, agentes persiguieron a trabajadores agrícolas en plenos campos, deteniendo a decenas y simultáneamente, en Omaha, Nebraska, la planta procesadora Glenn Valley Foods perdió el 70% de su personal tras una redada donde arrestaron a 70 empleados.
Gary Rohwer, dueño de la empresa, declaró: “Me gustaría que el gobierno de Estados Unidos… creara un programa para comunicar a las empresas cómo contratar ayuda legítima”.
Trump enfatizó el contraste entre estos trabajadores y criminales: “No son ciudadanos, pero han resultado excelentes… no podemos reemplazarlos con asesinos”.
Su anuncio prioriza dos sectores: agricultura y hotelería, donde la escasez laboral amenaza con paralizar cosechas y encarecer alimentos y también afectar la economía turística.
El costo económico invisible
Estudios de la Universidad Estatal de Arizona prevén que deportar masivamente a trabajadores indocumentados aumentaría los salarios agrícolas un 46%, elevando los costos de producción hasta un 40% en cultivos como manzanas y duraznos, donde la mano de obra representa el 80% del gasto.
John Boelts, presidente de la Oficina Agrícola de Arizona, lo corrobora: “La agricultura estadounidense se marchita por falta de trabajadores”.
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En Yuma, Arizona, epicentro de producción de lechuga, Craig Alameda —uno de los mayores empleadores del programa H-2A— advierte que “ninguna reforma migratoria sustancial ha avanzado en décadas”.
Su testimonio refleja una paradoja: mientras las deportaciones aumentan, agricultores fronterizos dependen de 12,000 a 15,000 jornaleros que cruzan diariamente desde México.
El programa H-2A para trabajadores temporales, descrito como “burocrático y costoso” por agricultores, enfrenta críticas adicionales; Steve Bowlin, productor de Kansas, señala que el requisito de pagar $19.21 por hora —$3.42 más que en Texas— lo “expulsa del mercado”.
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Trump prometió aplicar “sentido común” con su nuevo decreto, aunque no detalló plazos ni mecanismos, mientras, alcaldes como Luis McArthur de Oxnard, California, califican las redadas de “injustificadas y dañinas”, advirtiendo que solo generan “caos económico”.
La política migratoria de Estados Unidos navega aguas contradictorias. Mientras el ICE intensifica operativos, el Presidente declaró que busca proteger a quienes sostienen la seguridad alimentaria.
El decreto pendiente podría definir si prevalece el pragmatismo económica o la aplicación inflexible de la ley. Para agricultores como Rohwer, la solución es clara: “Necesitamos un sistema que entienda nuestra realidad”.
