El edificio está ubicado en 300 W. Congress St., este edificio, construido en 1974 y con casi 116,000 pies cuadrados de espacio de oficinas. Foto: Cortesía / Gobierno de Arizona
La Administración de Servicios Generales (GSA, por sus siglas en inglés) sorprendió a la opinión pública esta semana al incluir el Edificio Federal de Tucson en una lista de más de 440 propiedades gubernamentales “no esenciales” que podrían venderse y luego arrendarse nuevamente.
Ubicado en 300 W. Congress St., este edificio, construido en 1974 y con casi 116,000 pies cuadrados de espacio de oficinas, alberga a varias agencias federales, como el Servicio de Alguaciles de EE.UU., el Servicio Forestal, la Administración de Pequeños Negocios, el IRS, el Departamento de Trabajo, así como oficinas locales de la GSA, entre otras.
Además, dentro de sus paredes se encuentran la Oficina de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU., la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Inmigración y otras agencias de seguridad y protección.
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El anuncio se dio a conocer el martes, cuando la GSA publicó en línea una lista que detallaba cientos de propiedades que, según sus funcionarios, se consideran “activos no esenciales” y que podrían ser vendidas para reducir costos de mantenimiento y capital, sin embargo, a primera hora del miércoles, la agencia retiró por completo la lista, sustituyéndola por un aviso “próximamente”, sin brindar explicación alguna. Este movimiento ha generado incertidumbre en la comunidad y entre los funcionarios federales.
La estrategia de la GSA es optimizar su portafolio inmobiliario, ya que actualmente posee y administra más de 440 activos no esenciales que suman casi 80 millones de pies cuadrados de área arrendable y representan más de 8.3 mil millones de dólares en necesidades de recapitalización.
La medida, de acuerdo con un comunicado emitido el martes, pretende reducir el tamaño de la propiedad gubernamental en un 50% y el número de edificios en un 70% y los ahorros proyectados por la disposición de estos activos podrían superar los 430 millones de dólares anuales, eliminando costos asociados con espacios de oficinas vacíos y de difícil mantenimiento.
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La venta de estos activos se contempla mediante diversas modalidades, como venta-arrendamiento (sale-lease back), contratos de arrendamiento de terreno u otras formas de alianzas público-privadas. La intención es que, una vez vendidos, los inquilinos federales continúen ocupando los espacios, pero sin que el gobierno tenga que asumir la carga del mantenimiento y las inversiones a largo plazo.
Una dimensión adicional de la controversia radica en el nuevo liderazgo de la GSA. Se ha informado que altos cargos de la agencia están ahora integrados por asociados de Elon Musk, entre ellos Nicole Hollander, ex colaboradora de X/Twitter, y Thomas Shedd, ex empleado de Tesla y recientemente nombrado director de Technology Transformation Services.
