En entrevista exclusiva, la Fiscal de Arizona habla sobre estafas, narcotráfico y la defensa de la Constitución. Foto: Oscar Ramos / Prensa Arizona
En medio de un panorama político polarizado y una creciente ola de estafas dirigidas a comunidades vulnerables, la Fiscal General de Arizona, Kris Mayes, concedió a una entrevista exclusiva a Prensa Arizona en sus oficinas para abordar temas urgentes: desde fraudes a inmigrantes hasta batallas legales contra políticas federales de la administración Trump, el combate al tráfico de fentanilo y la detención de ciudadanos estadounidenses como los mayores traficantes.
Con un tono firme y claro, Mayes delineó su estrategia para proteger a los arizonenses también defendió su postura frente a lo que califica como “intentos de socavar la democracia”.
En un estado donde el 32% de la población es latina, sus palabras resuenan como un llamado a la vigilancia y la unidad. Mientras Kris Mayes libra batallas legales y sociales, su mensaje es claro: la defensa de los derechos y la democracia no admite treguas.
Gracias por recibir a Prensa Arizona, Fiscal, comenzamos con un tema crítico: las estafas a la comunidad latina e inmigrante ¿Qué está viendo su oficina?
Lamentablemente, hay un aumento en fraudes donde impostores se hacen pasar por notarios o abogados. Les prometen visas o residencia a cambio de miles de dólares y desaparecen. Solo en 2023, recibimos 327 denuncias relacionadas, pero sabemos que muchos casos no se reportan debido al miedo por el estatus migratorio. Sabemos que en los países de origen de la mayoría de los inmigrantes hispanos el notario es una figura legal, pero no es el caso en Arizona.
Estos individuos, a menudo sin estar legalmente autorizados para ejercer la abogacía en Arizona, prometen ayudar a obtener visas o regularizar su estatus a cambio de sumas de dinero – en muchos casos alrededor de $5,000 – y luego desaparecen sin entregar nada. Incluso hemos recibido reportes de casos en los que se montaron escenarios muy elaborados, como “tribunales” falsos con jueces disfrazados, para convencer a la gente de que estaban haciendo un servicio legal.
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¿Cómo identifican estas trampas?
Primero: en Arizona, solo los licenciados en la Arizona State Bar pueden ejercer en cuestiones migratoria. Les digo a todos: verifiquen el nombre de la persona que les ofrece su servicio en www.azbar.org.
Segundo, jamás compartan datos personales —ni dirección, cuentas bancarias o número de seguro social— por teléfono o mensajes. Hemos visto estafas tan elaboradas como salas de tribunal falsas, con “jueces” y todo. Es desgarrador.
También mencionó fraudes con inteligencia artificial…
Sí. Están clonando voces de familiares para pedir dinero. Por ejemplo, abuelos reciben llamadas de un “nieto” en problemas que les piden $5,000. Nuestra recomendación es que establezcan una palabra segura familiar, por ejemplo: “perro azul”. Si el supuesto familiar no la sabe, obviamente se trata de una estafa, dijo la Fiscal.
Estos fraudes, conocidos como “scams de romance” o “fraudes por presión familiar”, explotan la vulnerabilidad y el cariño de personas mayores, por lo que es fundamental no compartir información personal sensible como números de seguro social, direcciones, o datos bancarios, ni siquiera por mensaje de texto o correo electrónico.
Su oficina ha demandado al ex presidente Trump por intentar modificar la ciudadanía por nacimiento ¿En qué consiste ese caso?
Por supuesto. Hemos presentado múltiples demandas y, afortunadamente, hemos tenido éxito en la mayoría. El primer caso, al que me refiero como “la primera ley del derecho a la ciudadanía”, se presentó para contrarrestar un intento de Donald Trump de reescribir la Constitución, precisamente la sección 14, que garantiza que toda persona nacida en Estados Unidos es ciudadano, sin importar el estatus migratorio de sus padres.
Ese intento, que se materializó en una orden ejecutiva, fue bloqueado mediante una orden de restricción temporal. Es fundamental defender este derecho constitucional, ya que su vulneración podría generar un caos institucional.
La Constitución es clara: si naces aquí, eres ciudadano y Trump emitió una orden ejecutiva para negar esto a hijos de indocumentados. Ganamos un auto de restricción temporal porque ¿Cómo iban a probar los hospitales el estatus de los padres? Imagínese el caos. No podemos reescribir la Constitución por decreto.
También mencionó un recorte federal que afectaría clínicas y la lucha antidrogas…
Correcto. Ese plan habría desfinanciado clínicas comunitarias, hospitales rurales y hasta operativos contra el fentanilo. Arizona es la puerta del 90% del fentanilo incautado en Estados Unidos, pero tenemos 3 veces menos agentes de la DEA que Nueva York.
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¿Cómo combatir a los carteles así?
Logramos otro auto para bloquear el recorte, pero necesitamos más apoyo y de hecho reitero mi llamado a que nos envíen más agentes federales de la DEA para que nos ayuden a procesar perseguir al los verdaderos criminales.
Estos recortes habrían impactado también nuestros esfuerzos para combatir el narcotráfico y la crisis del fentanilo, un problema que ya ha cobrado muchas vidas en Arizona.
Pero logramos detener temporalmente esos recortes, protegiendo a miles de ciudadanos y asegurando que se mantengan los recursos esenciales para la salud pública.
Ha demandado al presidente Trump y figuras como Elon Musk por acceder a datos del Tesoro ¿Qué riesgo hay?
Este es un tema crucial en la era digital. Nos preocupa profundamente que actores no electos tengan acceso a información privada de los ciudadanos, incluyendo números de seguro social, datos bancarios y declaraciones de impuestos.
¡Es simple! Nadie eligió a Musk para revisar información privada —como declaraciones de impuestos— de millones. Ganamos la primera demanda contra DOGE para evitar que su equipo acceda a esos datos y ahora, vamos por más: si alguien tiene tanto poder, debe ser aprobado por el Congreso.
Estamos en una segunda fase para evitar que se inserten en otros organismos estatales o federales sin la debida aprobación del Congreso, pues la protección de la privacidad de nuestros ciudadanos es esencial, y no podemos permitir que se vulneren los derechos fundamentales de la gente en aras de intereses particulares o de grandes fortunas.
En Estados Unidos tenemos separación de poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial para que haya contrapesos no funcionamos como una dictadura.
Muy posiblemente esos casos lleguen hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos ¿Considera usted que se seguirá la ley?
Esa es la pregunta del millón de dólares. Es triste decirlo, pero estas demandas pondrán a prueba si la Corte Suprema de los Estados Unidos defiende la Constitución.
Nunca pensé que tendría que decirlo, pero la realidad es que estamos en un momento crucial de nuestra historia. Nuestra Constitución, que ha sido la base de la democracia en Estados Unidos durante más de 250 años, está siendo puesta a prueba. Hemos visto a ciertos líderes y movimientos, como el MAGA, tratar de reescribir las reglas del juego para favorecer intereses particulares.
No se trata solo de proteger a los inmigrantes o asegurar que los fondos públicos lleguen a quienes los necesitan, sino de defender el sistema de pesos y contrapesos que nos ha mantenido libres durante siglos.
Muchos arizonenses votaron por que se les prometió una frontera segura y un mejor costo de vida, no por apoyar una dictadura o la erosión de nuestros derechos fundamentales.
Nosotros, en mi oficina de Fiscal, estamos comprometidos a hacer cumplir la ley, a proteger a los ciudadanos y a asegurarnos de que nadie se aproveche de las vulnerabilidades de nuestra sociedad.
¿Qué opina de los proyectos de ley antiinmigrantes en la legislatura de Arizona, como el que ofrece recompensas por arrestar indocumentados?
Es inhumano y peligroso. Fomentaría perfil racial contra latinos aunque sean ciudadanos, por parte de las diferentes policías, aunque sabemos que la gobernadora Katie Hobbs lo rechaza.
Estas iniciativas, en mi opinión, son simplemente palabras en papel sin una financiación real y que, además, promueven la discriminación y el maltrato hacia comunidades vulnerables.
El “bounty bill” es un claro ejemplo: se pretende incentivar a los agentes de la ley a perseguir a ciertos grupos, pero sin los recursos adecuados, lo que no solo es ineficaz, sino que además puede causar un aumento en la discriminación y el perfil racial.
Necesitamos más agentes en la frontera, no teatros políticos. En 2023, decomisamos 1.5 millones de píldoras de fentanilo en una sola operación y el 60% de los traficantes son ciudadanos estadounidenses. Ahí está el enemigo.
Los carteles mexicanos controlan la producción, pero usan a ciudadanos estadounidenses para distribuir. Además, no se puede negar el tráfico de armas de Estados Unidos a México. Solo el año pasado, interceptamos 2,300 armas dirigidas a carteles. Es un ciclo mortal: drogas entran, armas salen.
Por eso, más agentes de la DEA y una mayor colaboración binacional son clave.
Fiscal, en el caso de los “Falsos Electores” del 2020, la Corte desestimó una moción de los acusados que alegaban “motivación política” ¿Qué implica esto?
Fue una resolución estrecha, basada en un tecnicismo procesal, no en los méritos del caso. Los acusados argumentaron que nuestra oficina carecía de jurisdicción para investigar, pero el juez no absolvió a nadie. El núcleo del caso —que 11 personas firmaron documentos falsos declarando a Trump ganador en Arizona— sigue intacto. Apelaremos inmediatamente, como hicimos en demandas similares. La democracia no se negocia.
Cuando ciudadanos —incluyendo dos senadores en funciones y miembros del Comité Republicano Estatal— firman documentos fraudulentos, es un delito. La Constitución de Arizona (Artículo 39) es clara: falsear procesos electorales es traición a la democracia.
Ese fue un intento de sabotear la democracia y estos casos son vitales: si no hay consecuencias, se repetirá. No es se trata de política, sino de justicia.
- Datos sobre estafas de la FTC (2023) indican que Arizona reporta un 18% más de fraudes a inmigrantes vs. el promedio nacional.
- Según la DEA, Arizona incautó 9.6 toneladas de fentanilo en 2023, suficiente para matar a toda la población de EE.UU.
- La 14„ Enmienda fue invocada en 12 casos de ciudadanía desde 2020; todos fallaron.
FUENTE: AZAGO, DEA y U.S. Census Bureau.
