El líder del Senado de Arizona, Warren Petersen señaló que los republicanos seguirán presionando con leyes antiinmigrantes en busca de proteger la frontera. FOTO: Oscar Ramos
Retan republicanos a vetar nuevamente la “SB1070 2.0”, pero niegan racismo
Tras aclarar que están de acuerdo en la inmigración legal y reconocer que Arizona requiere de trabajadores y que éstos contribuyen con la economía, el líder del senado Warren Petersen y los legisladores republicanos anunciaron que reintroducirán el proyecto de ley antiinmigrante que ya fue vetado por la Gobernadora Katie Hobbs.
El proyecto de ley SB1231 (mejor conocido como SB1070 2.0) tenía como objetivo darle al estado la tarea del gobierno federal de arrestar y deportar a los inmigrantes, alegando que la propia gobernadora criticó la falta de acción de gobierno federal.
“Gobernadora Hobbs: hablar es barato, firma nuestros proyectos de ley”, insistieron e incluso amenazaron con la posibilidad de enviar el asunto a los votantes en noviembre si la gobernadora los vuelve a vetar.
“Si ella no asegura nuestra frontera, eso es algo que podemos hacer”, dijo Petersen.
Hobbs vetó el proyecto de ley porque dijo que sería perjudicial para las comunidades de inmigrantes, perjudicaría a las empresas de Arizona, sobrecargaría a las fuerzas del orden y además, es inconstitucional, lo que significa que resultaría en un litigio largo y costoso.
El presidente del Senado, Warren Petersen, criticó duramente a Hobbs por reconocer el fallo del gobierno federal hacia la inmigración pero no respaldar la propuesta del Partido Republicano.
Inmigración como bandera electoral
La propuesta encabezó la agenda legislativa del Partido Republicano, que se ha centrado en duras políticas de inmigración en esta sesión para atraer a los votantes antes de las elecciones de 2024.
Visiblemente incómodos ante el cuestionamiento de “utilizar el tema migratorio como bandera electoral”, el senador Warren Petersen y el representante Steve Montenegro, difícilmente balbucearon negativas y simplemente apelaron a su historial, Warren está casado con una inmigrante mexicana y Montenegro es de ascendencia hispana.
También se cuestionó a los legisladores el por qué no exigir a sus congresistas de Arizona la aprobación de la propuesta bipartidista que han bloqueado en el Congreso de los Estados Unidos por órdenes de Donald Trump.
“Nuestra labor se centra en Arizona y cuando hay posibilidad de hablar con los congresistas les he pedido que trabajen en soluciones”, se limitó a decir Petersen.
Anticonstitucional
El esfuerzo por convertir el cruce de la frontera de Arizona en un delito sigue el modelo de una ley de Texas que actualmente fue detenido por la Corte Suprema de Estados Unidos, y el Departamento de Justicia de Estados Unidos la impugnó por su flagrante inconstitucionalidad.
Los tribunales han dictaminado consistentemente que hacer cumplir la ley de inmigración es competencia exclusiva del gobierno federal y la última vez que Arizona intentó usurpar esa aplicación, el estado enfrentó costosos desafíos legales.
En 2012, la Corte Suprema de Estados Unidos anuló tres de las cuatro disposiciones de la SB1070, la infame ley estatal “muéstrame tus documentos” que permitía a los agentes de policía detener e investigar el estatus de ciudadanía de personas durante paradas de tráfico de rutina y dictaminó que sólo el gobierno federal tiene autoridad suprema sobre la ley de inmigración.
Pero los legisladores republicanos dijeron que la bancada de la Corte Suprema de Estados Unidos es más conservadora que antes y sería más probable que estuviera de acuerdo con las leyes destinadas a proteger a sus ciudadanos.
Otras propuestas
Entre los proyectos de ley e iniciativas centrados en la frontera que se encuentran en camino al escritorio del gobernador y a la boleta electoral de noviembre se encuentran medidas para castigar a quienes venden fentanilo con asesinato en primer grado si la venta resulta en la muerte de una persona; multas muy elevadas a los empleadores que contratan trabajadores indocumentados; designar a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas; convertir en delito grave de clase 2 el uso de un teléfono o una aplicación informática, como aplicaciones de redes sociales, para participar en el tráfico de personas; y facilitar que los ganaderos de Arizona disparen a los inmigrantes en sus propiedades.
