El presidente Políticos de la Cámara, el republicano Steve Montenegro, anunció la creación de un Comité Especial para investigar la “mala gestión” de la gobernadora Katie Hobbs. SCREENSHOT: Arizona House GOP
En riesgo discapacitados y niños bajo custodia estatal, ante desacuerdo presupuestal
La gobernadora Katie Hobbs y los legisladores republicanos Políticos de Arizona están inmersos en una batalla presupuestaria que amenaza con dejar sin terapias, cuidados especializados y hogares temporales a decenas de miles de personas con discapacidades y menores bajo custodia estatal a partir de mayo.
En el centro del conflicto está la negativa de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes para aprobar fondos críticos, lo que Hobbs califica de “inhumano” y motivado por intereses electorales.
La División de Discapacidades del Desarrollo (DDD), responsable de atender a 40,000 arizonenses con condiciones como autismo, parálisis cerebral y síndrome de Down, enfrenta un déficit de $122 millones para 2024. De no resolverse, el programa Padres como Cuidadores Pagados, que desde 2018 permite a 12,000 familias recibir compensación por atender a sus hijos con discapacidades severas, quedaría en el limbo, junto a terapias ocupacionales y equipos médicos para 5,700 niños con autismo y 900 adultos en sillas de ruedas. Políticos
“Los republicanos están recortando servicios vitales para financiar sus agendas ideológicas. Es una traición a los más vulnerables”, declaró Christian Slater, director de comunicaciones de Hobbs, tras el bloqueo de la HB2816, la partida presupuestaria clave para la DDD.
Según la Alianza de Discapacidades de Arizona, el 67% de las familias en el programa Padres como Cuidadores dependen de esos fondos para evitar institucionalizar a sus hijos.
Los republicanos, liderados por el representante David Livingston, defienden recortes de hasta el 50% al programa, argumentando “ineficiencias”. Sin embargo, un informe de 2023 de la Auditoría estatal reveló que la DDD tiene un costo promedio por persona de 15,000 anuales, frente a los 90,000 que implica la atención en instituciones, datos que Hobbs utiliza para recalcar el ahorro fiscal de mantener los servicios comunitarios.
¿Ajuste rutinario o “bancarrota”?
Paralelamente, el Departamento de Servicios Infantiles (DCS) solicitó el 29 de enero reasignar $6.5 millones de fondos excedentes para evitar que 1,200 niños bajo custodia estatal terminen en oficinas del DCS a partir del 24 de abril. Lily Soto, portavoz de Hobbs, explicó que este tipo de ajustes, realizados 14 veces desde 2016, incluso bajo gobernadores republicanos Políticos como Doug Ducey, son procedimientos técnicos para equilibrar partidas entre cuidados familiares y hogares grupales.
Pero el presidente de la Cámara, el republicano Steve Montenegro, tildó la medida de “prueba de bancarrota inminente” y anunció la creación de un Comité Especial para investigar la “mala gestión” de Hobbs.
“Los niños pagarán el precio de su incompetencia”, afirmó en conferencia.
La polémica inició hace meses cuando The Arizona Republic reveló que Sunshine Residential Homes, principal proveedor de hogares grupales y donante de $412,000 al Partido Demócrata y a Hobbs desde 2022, recibió contratos millonarios del DCS en 2024.
Te puede interesar: Policía de Tempe arresta a sospechoso de tiroteo en resort Buttes
Aunque el DCS asegura que el proceso fue competitivo y priorizó estándares más altos de cuidado —como más personal y servicios de salud mental—, las fiscalías demócrata Kris Mayes y republicana Rachel Mitchell investigan un posible pay-to-play.
Este es el segundo choque institucional en pocas semanas, pues en febrero, Hobbs vetó un plan republicano que desviaba $200 millones de educación pública para financiar muros fronterizos. Ambos partidos Políticos, en año electoral, movilizan a sus bases: los demócratas enfatizan la protección social, mientras los republicanos prometen “control fiscal”.
“Es una tormenta perfecta: cada lado usa la crisis para proyectar fuerza ante sus votantes”, comentó María González, politóloga de la Universidad de Arizona. Mientras tanto, senadores republicanos como T.J. Shope prometen “evitar el colapso”, pero sin presentar planes concretos.
Te puede interesar: Papa Francisco condena políticas antimigratorias de Donald Trump
Consecuencias humanitarias en juego
Organizaciones como la Red de Defensa de Niños de Arizona advierten que, sin acuerdo antes del 30 de abril, el estado enfrentaría una crisis sin precedentes: 42,000 personas con discapacidades perderían acceso a servicios, y el DCS —que ya tiene una tasa de mortalidad infantil en custodia 30% superior al promedio nacional— vería colapsada su infraestructura.
Hobbs, en un llamado urgente, insistió: “Esto no es sobre ideología, sino sobre decencia básica. Si los republicanos no actúan, la sangre estará en sus manos”. Con el reloj en cuenta regresiva, Arizona se pregunta si la política partidista prevalecerá sobre la vida de sus ciudadanos más frágiles. Políticos
El costo humano de los recortes
- 18,000 adultos con discapacidades intelectuales perderían acceso a terapias ocupacionales.
- 1,200 niños en hogares grupales enfrentarían desalojo.
- Arizona tiene la 4ta tasa más alta de discapacidades en EE.UU. (21% de la población), según el CDC.
- Según el Census Bureau, el 13% de los adultos en Arizona vive con una discapacidad, por encima del promedio nacional (12.6%).
- El programa Padres como Cuidadores ahorró al estado $32 millones en 2023 al evitar internamientos.
- Arizona ocupa el puesto 45 en el país en financiamiento de servicios para discapacitados, según United Health Foundation.
