En Arizona, un estado que también ha enfrentado tiroteos escolares en universidades y ataques contra figuras públicas. Foto: Cortesía / @madison_365
El reciente tiroteo masivo en la escuela cristiana Abundant Life en Madison, Wisconsin, ha reavivado el debate nacional sobre la necesidad de implementar reformas de seguridad en el control de armas; este ataque dejó tres muertos, seis heridos y una comunidad devastada. La tragedia ocurre pocos días después del aniversario del tiroteo en Sandy Hook, que cobró la vida de 20 niños y seis adultos, marcando un recordatorio sombrío de la frecuencia de estos actos en Estados Unidos.
En Arizona, un estado que también ha enfrentado tiroteos en universidades y ataques contra figuras públicas como la excongresista Gabby Giffords y la exsupervisora del condado de Maricopa Mary Rose Wilcox, líderes demócratas han señalado que esta crisis exige acción inmediata.
Nancy Gutierrez, líder asistente demócrata y miembro destacado del Comité de Educación, expresó su indignación y dolor ante la tragedia. “Mi corazón está con las familias de las víctimas en Madison. Ninguna comunidad escolar debería soportar el terror de un tiroteo, pero se ha vuelto una realidad común en nuestro país. Es nuestra responsabilidad moral aprobar leyes que aseguren que los menores no puedan acceder a armas de fuego. No podemos seguir fingiendo que este problema se resolverá solo con pensamientos y oraciones”, declaró.
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Gutiérrez, exmaestra de escuela pública y defensora de la educación, resaltó que los legisladores republicanos han bloqueado sistemáticamente propuestas de sentido común, como los controles universales de antecedentes y requisitos de almacenamiento seguro. Estas medidas cuentan con el respaldo de la mayoría de los estadounidenses, pero el poder del lobby de armas ha impedido que se traduzcan en leyes.
El representante electo Brian García, demócrata de Tempe, también se pronunció sobre el tiroteo en Madison. “Los estudiantes y las familias merecen escuelas libres de violencia armada. En lugar de disfrutar de un descanso festivo, una comunidad entera ha sido destrozada. Ya hemos perdido demasiadas vidas por la inacción. Necesitamos reformas sensatas ahora”, enfatizó.
Stephanie Simacek, miembro de la junta del Distrito Escolar Unificado de Deer Valley y futura representante, y Anna Abeytia, presidenta del Distrito Escolar Cartwright, unieron sus voces al clamor por el cambio. Ambas subrayaron que como educadoras y líderes comunitarias han visto de cerca los efectos devastadores de la violencia armada y están comprometidas a impulsar reformas desde sus nuevas posiciones en la legislatura.
Tiroteos escolares, un problema persistente
Arizona no es ajeno a los impactos de la violencia armada. El ataque contra Gabby Giffords en 2011, que la dejó con lesiones cerebrales permanentes, y el atentado contra Mary Rose Wilcox, baleada en 1997 por su postura a favor del control de armas, son ejemplos de cómo este problema trasciende las aulas y afecta a líderes comunitarios.
En campus como la Universidad de Arizona y la Universidad del Norte de Arizona, también se han registrado tiroteos, lo que genera inquietud entre estudiantes y familias. Estos eventos, sumados a la tragedia de Madison, refuerzan la urgencia de aprobar medidas que garanticen la seguridad en los espacios educativos y públicos.
Mientras comunidades en Wisconsin y Arizona lloran pérdidas y exigen justicia, la presión recae sobre los legisladores para actuar. Sin medidas concretas, como el fortalecimiento de los controles de antecedentes y restricciones al acceso a armas por menores, los tiroteos seguirán siendo una trágica constante en Estados Unidos.
La reforma de armas no solo es un debate político; es una cuestión de salvar vidas. Como subrayó Nancy Gutiérrez: “Es hora de transformar el dolor en acción y garantizar un futuro seguro para nuestras escuelas y comunidades”.
Arizona destina $48 millones para oficiales armados
En un esfuerzo por reforzar la seguridad ante las constantes amenazas de tiroteos escolares que han afectado a Arizona en los últimos años, el superintendente estatal Tom Horne anunció la liberación de casi $48 millones en fondos acumulados para seguridad escolar. Estos recursos estarán disponibles para escuelas que soliciten oficiales armados en los campus, así como consejeros y trabajadores sociales.
Las amenazas de tiroteos y actos de violencia en las escuelas han sido una preocupación constante en el estado. Los incidentes reportados y las evacuaciones frecuentes han generado un ambiente de incertidumbre tanto para los estudiantes como para los padres y educadores. En este contexto, las autoridades buscan medidas preventivas contundentes para garantizar la seguridad en los campus.
Horne subrayó la importancia de contar con oficiales armados en las escuelas, calificando su presencia como una prioridad máxima. “La triste realidad es que debemos asegurarnos de que, si un atacante armado llega a un campus, haya un oficial capacitado en el lugar para responder”, afirmó.
De los $48 millones liberados $39.4 millones se destinarán a financiar 198 Oficiales de Recursos Escolares (SRO) o Oficiales de Seguridad Escolar (SSO) y $8.5 millones se utilizarán para cubrir 66 nuevas posiciones de consejeros y trabajadores sociales.
Los Oficiales de Recursos Escolares estarán asignados a los campus a tiempo completo, mientras que los Oficiales de Seguridad Escolar garantizarán la cobertura a través de múltiples agentes rotativos.
Aunque los fondos han estado disponibles anteriormente, Horne destacó que parte del presupuesto no fue utilizado debido a la falta de oficiales de policía en muchas comunidades. En algunos casos, los puestos de seguridad en las escuelas fueron cubiertos por oficiales en turnos rotativos durante sus días libres, lo que generó dificultades para mantener una cobertura constante.
Para evitar que estos fondos vitales sigan sin utilizarse, Horne instó a las escuelas a contactar al Departamento de Educación y participar en el programa.
Además de la presencia de oficiales armados, el plan incluye la contratación de consejeros y trabajadores sociales, una medida que busca abordar las necesidades emocionales y psicológicas de los estudiantes. Estas posiciones desempeñan un papel crucial en la prevención, al identificar y apoyar a jóvenes en riesgo antes de que las tensiones puedan derivar en actos de violencia.
La decisión de destinar fondos para oficiales armados ha generado debate en la comunidad. Mientras algunos aplauden las medidas como una respuesta necesaria a las amenazas, otros cuestionan si invertir más en programas de apoyo emocional y prevención podría ser una solución más efectiva a largo plazo.
