ESA, que permite usar fondos públicos para educación privada o educación en casa, ha sido criticado por su costo y falta de fiscalización. Foto: Cortesía / Arizona Education Association
Defensores de la educación pública en Arizona anunciaron su oposición a un plan republicano que condiciona la renovación de fondos escolares a la inclusión de vales o becas para escuelas privadas en la constitución estatal.
La propuesta busca extender la Proposición 123 que destina recursos a escuelas públicas,pero la ata a la protección de programas de elección escolar, como los polémicos Empowerment Scholarships Accounts (ESA) mejor conocidas como becas universales.
Marisol García, presidenta de la Asociación de Educación de Arizona, calificó la iniciativa de “mala fe” durante una conferencia de prensa.
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“Los educadores merecen respeto; los vouchers deben tratarse por separado”, afirmó, mientras carteles detrás de ella rezaban: “Alto al subsidio para ricos”. La líder sindical anunció una campaña mediática para derrotar la medida si llega a las urnas.
La Proposición 123, aprobada en 2016, dirige fondos de tierras estatales a escuelas públicas, pero vence a fin de mes. Sin una extensión, las escuelas perderían millones anuales, agravando la crisis de escasez de docentes.
Los republicanos propusieron renovarla hasta 2036, pero incluyeron cláusulas que blindarían los ESA en la constitución, impidiendo futuras reformas.
Sharon Kirsch, de Save Our Schools Arizona, advirtió que la estrategia viola la norma de “un solo tema” en iniciativas electorales. “Los veremos en corte”, declaró, citando un precedente legal sobre seguridad fronteriza donde tribunales aceptaron múltiples temas bajo un mismo paraguas.
Un debate recurrente
ESA, que permite usar fondos públicos para educación privada o educación en casa, ha sido criticado por su costo y falta de fiscalización. En 2018, votantes rechazaron por amplia mayoría una expansión similar, pero republicanos lograron implementarla en 2022.
Kirsch recordó ese histórico rechazo: “Los arizonenses ya dijeron no a los vouchers. No los engañaremos ahora”.
García confió en que los votantes priorizarán a las escuelas públicas: “Podemos explicarles que su maestro favorito podría no recibir un aumento”. El plan republicano, además, limita los aumentos salariales a docentes evaluados positivamente, excluyendo a personal como bibliotecarios o conductores de autobuses.
Demócratas presentaron propuestas para renovar la Proposición 123 sin condiciones, pero la mayoría republicana las archivó. La senadora Catherine Miranda instó a sus colegas a “priorizar fondos para escuelas públicas, como manda la constitución”, y a evitar “esconder vouchers en el plan”. Sin iniciativas ciudadanas en marcha, la única opción para los críticos es presionar para que Republicanos retiren las cláusulas.
Mientras, grupos pro-vouchers como Love Your School preparan un evento para promover la “expansión” de la Proposición 123, respaldados por el senador JD Mesnard.
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Ante esto, Kirsch fue contundente: “Si los legisladores realmente apoyan la educación, deben separar los temas y dejar de usar a los estudiantes como moneda de cambio”.
El escenario se mantiene condenado a un choque: los defensores de la educación pública arriesgarán fondos vitales con tal de no ceder ante lo que consideran un intento de privatización. La batalla, ahora, se jugará en tribunales y urnas.
