El evento, realizado en el centro comunitario Tierra Libre, reunió a activistas, familias afectadas y legisladores. Foto: Cortesía / OPIN
Bajo el lema “Take Back Our Homes”, la coalición Organized Power in Numbers (OPIN) presentó su Informe sobre Justicia en Vivienda: Nuestros Hogares, Nuestra Lucha, un documento que expuso la crudeza de la crisis habitacional en Arizona a través de los testimonios de cientos de inquilinos.
El evento, realizado en el centro comunitario Tierra Libre, reunió a activistas, familias afectadas y legisladores con un mensaje claro: los desalojos descontrolados y la especulación inmobiliaria exigen acciones urgentes.
El informe, basado en encuestas a 486 residentes realizadas en 2024, reveló que el 68% de los inquilinos en el estado enfrentó amenazas de desalojo en los últimos dos años, mientras el 43% dedica más del 50% de sus ingresos al pago de renta. Además, el 91% de los consultados definió su hogar como “un espacio de seguridad y memoria”, amenazado por alquileres abusivos y prácticas predatorias de empresas inmobiliarias.
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“Para muchos, un desalojo no es solo perder un techo: es perder acceso a escuelas, redes de apoyo y hasta medicinas”, explicó durante el evento Andrea Luna Cervantes, coordinadora de OPIN en Arizona.
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El informe exigió la implementación de políticas de Derecho a un Abogado (RTC) para inquilinos, una medida ya adoptada en ciudades como Nueva York y San Francisco. Según OPIN, en Arizona solo el 3% de los inquilinos cuenta con representación legal en cortes de desalojo, frente al 81% de los propietarios. “Sin asesoría, las familias firman acuerdos que las dejan en la calle en días”, denunció Luna.
María González, madre soltera de Mesa, compartió cómo fue desalojada en 2023 pese a tener un hijo con discapacidad: “El propietario subió la renta $500 de un mes a otro. Sin abogado, no pude pelear”. Casos como el suyo motivaron que el informe proponga un fondo estatal de defensa legal y congelamientos de rentas en zonas con alzas superiores al 10%.
