El secretario de Estado, Adrián Fontes, celebró el fallo de Bolton la semana pasada, diciendo en un comunicado que “desmantela un intento flagrante de suprimir los votos del diverso electorado de Arizona”. CORTESIA: Arizona Secretary of State
Disposiciones legales refuerzan prevención en los registros electorales
Los funcionarios electorales de Arizona comenzarán a verificar con frecuencia la ciudadanía estadounidense de los votantes y requerirán que presenten prueba de residencia al registrarse, según nuevas leyes recientemente respaldadas por un juez federal.
Bajo esas leyes, si las verificaciones de ciudadanía muestran que alguien tiene una identificación típicamente otorgada a alguien que no es ciudadano estadounidense, se le impedirá registrarse para votar o se le eliminará del registro y si los nuevos registrantes no proporcionan documentos que prueben que viven en el estado, no podrán votar en las elecciones estatales y locales.
Este artículo fue publicado originalmente por Votebeat, una organización de noticias sin fines de lucro que cubre la administración electoral local y el acceso al voto.
“Si bien votar por no ciudadanos en Arizona rara vez ocurre, las nuevas leyes podrían ayudar a prevenirlo, y no representarían una barrera excesivamente onerosa para votar”, concluyó la jueza de distrito de Estados Unidos, Susan Bolton en su fallo.
Las investigaciones probablemente involucrarán de manera desproporcionada a votantes de menores recursos económicos y ciudadanos naturalizados, encontró Bolton, pero dijo que no son inherentemente discriminatorias.
Un análisis de Votebeat encontró que las leyes también afectarían desproporcionadamente a votantes más jóvenes que viven en campus universitarios, quienes a menudo se registran para votar sin proporcionar documentos que prueben la residencia o la ciudadanía.
El fallo de Bolton llega después de una larga y compleja litigación sobre dos leyes, la HB2243 y la HB2492, promulgadas por los legisladores estatales republicanos y el gobernador republicano Doug Ducey en 2022, que los partidarios dijeron que ayudarían a evitar que los no ciudadanos voten.
Varios grupos de derechos de voto, incluidos los que representan a votantes hispanos, nativos americanos y asiáticoamericanos, presentaron demandas, alegando que las leyes eran discriminatorias y violaban las leyes federales de derechos de voto.
El fallo de Bolton sigue a un fallo preliminar en septiembre y a un juicio de 10 días en diciembre. En conjunto, sus dos fallos bloquearon los elementos más restrictivos de las nuevas leyes. Por esa razón, es probable que el Senado estatal controlado por los republicanos apelará la decisión de Bolton, según un portavoz del Senado. No está claro si los grupos de derechos de voto también lo harán.
Lo más significativo es que el fallo de Bolton en septiembre bloqueó cualquier disposición que limite aún más el voto para aquellos que no han proporcionado pruebas documentadas de ciudadanía, incluidas disposiciones que les habrían prohibido votar para presidente o por correo.
Con el fallo de la semana pasada, la jueza también bloqueó una disposición que habría requerido que los votantes proporcionaran su lugar de nacimiento al registrarse para votar, explicando que la información no es una forma confiable o útil de determinar la elegibilidad para votar de alguien.
Y no permitirá a los condados investigar la ciudadanía sobre la base de que un registrador tenía “motivos para creer” que el votante no era ciudadano, encontrando que la forma en que está escrita la ley discriminaría contra los ciudadanos naturalizados.
El secretario de Estado, Adrián Fontes, celebró el fallo de Bolton la semana pasada, diciendo en un comunicado que “desmantela un intento flagrante de suprimir los votos del diverso electorado de Arizona”.
Los fallos de Bolton preservan el sistema de votación dividida único del estado, que limita a los votantes a votar en elecciones federales si no han proporcionado pruebas documentadas de ciudadanía. Esto se debe a que la ley federal no requiere esta documentación, pero la ley estatal sí. Hay alrededor de 32,000 “votantes solo federales” en el estado que no han proporcionado pruebas documentadas de ciudadanía.
No está claro cuándo los funcionarios electorales comenzarán a usar los nuevos métodos delineados en la ley para verificar la residencia y la ciudadanía, y cuándo comenzarán las verificaciones mensuales de ciudadanía.
Fontes escribió en un nuevo Manual de Procedimientos Electorales finalizado en diciembre que cualquier programa para cancelar sistemáticamente registros de inscripción, como las nuevas verificaciones mensuales, debería ocurrir “al menos 90 días antes de una elección primaria o general”.
