Los grupos conservadores que buscan derogar una nueva ley de Arizona que obliga a la divulgación de donantes políticos anónimos sufrieron un nuevo revés recientemente, pero ha quedado claro que la batalla está lejos de terminar.
El año pasado, más del 70 % de los arizonenses emitieron su voto en apoyo de la Proposición 211, la Ley del Derecho a Saber de los Votantes. La ley busca eliminar el “dinero oscuro” anónimo en la política al exigir que los comités que gastan al menos $50,000 en campañas estatales o legislativas revelen las identidades de los contribuyentes individuales que donan $5,000 o más. Aquellos que dan $2,500 o más a un comité que gasta al menos $25,000 en una elección local también enfrentarán la divulgación de sus nombres, direcciones postales, trabajos y empleadores.
Alegando que la ley violaba sus derechos de libertad de expresión, el Club de Libre Empresa de Arizona y el Centro para la Política de Arizona rápidamente impugnaron la ley en los tribunales.
Tanto el Free Enterprise Club como el Center for Arizona Policy Action son organizaciones sin fines de lucro, lo que les permite participar en actividades políticas y recaudar fondos, aunque las normas fiscales federales dicen que tales grupos no pueden participar en actividades políticas como propósito principal.
Estas organizaciones sin fines de lucro, conocidas coloquialmente como organizaciones de dinero oscuro, pueden gastar directamente en esfuerzos políticos o dar su dinero a comités políticos registrados, a menudo sin límites.
Los comités que reciben dinero de organizaciones sin fines de lucro deben informar el nombre del que les envió el dinero, pero históricamente no se les ha pedido que revelen de dónde provinieron originalmente los fondos.
Los abogados de los dos grupos argumentaron ante el tribunal que los requisitos de divulgación de la Prop. 211 violaban las protecciones de la libertad de expresión porque disuadirían a los donantes que temen ser juzgados por sus creencias políticas.
El Center for Arizona Policy, en particular, es un defensor frecuente de las leyes anti-LGBTQ y anti-aborto.
Pero el 22 de junio, el juez de la corte superior del condado de Maricopa, Scott McCoy, desestimó la demanda y señaló que el interés público en la transparencia supera el riesgo de perder las donaciones.
“La Corte reconoce la importancia del ‘propósito de la Primera Enmienda: proteger a las personas impopulares de las represalias, y sus ideas de la represión, a manos de una sociedad intolerante’”, escribió McCoy, citando fallos anteriores.
“Pero la Corte no puede ‘ignorar los intereses contrapuestos de la Primera Enmienda de los ciudadanos individuales que buscan tomar decisiones informadas en el mercado político’”.
McCoy también señaló que los mecanismos para evitar la divulgación y proteger a los contribuyentes políticos ya están incorporados en la ley.
Los donantes pueden simplemente dar menos para garantizar que no se active la disposición de divulgación, firmar un formulario que garantice que el dinero no se gaste en mensajes de campaña o anuncios políticos, o solicitar una exención si creen que ellos o sus familias están en riesgo de daños físicos si se revela su información personal.
Si bien McCoy desestimó la demanda, también dejó una oportunidad para que los grupos revisen su argumento y presenten un desafío enmendado centrado en cómo se aplica la ley: una barra alta para cumplir, dado que la Comisión de Elecciones Limpias de Ciudadanos de Arizona todavía está en el proceso de desarrollar pautas de cumplimiento y la fecha límite para una queja enmendada es el 7 de julio.
Scott Day Freeman, abogado principal del Instituto Goldwater, el grupo de expertos libertarios y centro legal que representó a las dos organizaciones, dijo que aún se está considerando la posibilidad de lanzar un nuevo intento.
