Más demandas contra la administración Trump

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Agentes de FBI, ACLU y sindicatos con acciones legales, además de impugnación

A menos de un mes de haber retomado la presidencia, Donald Trump se encuentra bajo una ola de demandas legales de agentes del FBI, sindicatos y organizaciones sociales que cuestionan la constitucionalidad de sus políticas y decisiones ejecutivas y paralelamente, los demócratas han comenzado a movilizarse para introducir una nueva iniciativa de impugnación en su contra.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y varias organizaciones de derechos legales para inmigrantes presentaron una demanda contra la administración Trump, desafiando su proclamación presidencial que describe la situación en la frontera sur como una “invasión”. Este argumento ha sido utilizado para justificar la expulsión de migrantes y restringir solicitudes de asilo.

Según la ACLU, estas acciones violan las leyes establecidas por el Congreso, que protegen a los solicitantes de asilo contra la deportación a países donde podrían enfrentar persecución o daño. “Este es un intento de poder sin precedentes que pone en peligro innumerables vidas”, afirmó Lee Gelernt, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU.

La demanda, presentada en el Tribunal de Distrito de Columbia, también acusa a la administración de violar procedimientos legales básicos al negar a los migrantes acceso a abogados o a llamadas telefónicas, además de informarles falsamente que el asilo “no existe”.

Por otro lado, el estado de Washington presentó una demanda contra las nuevas órdenes ejecutivas de Trump que buscan restringir la ciudadanía por nacimiento, argumentando que exceden la autoridad presidencial. Paralelamente, dos sindicatos y una alianza de trabajadores jubilados demandaron al secretario del Tesoro, Scott Bessent, por permitir que Elon Musk y su equipo del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) accedieran a sistemas federales de pagos, comprometiendo datos personales de millones de ciudadanos.

La falta de experiencia del equipo de Musk, compuesto principalmente por jóvenes ingenieros, ha generado críticas, especialmente después de que exigieran acceso a datos clasificados en USAID, lo que provocó suspensiones de oficiales que se resistieron a sus demandas.

Acciones legales dentro del FBI y el DOJ

Agentes del FBI que participaron en investigaciones relacionadas con el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021 y casos criminales contra Trump han presentado una demanda colectiva para evitar que la dirección del Departamento de Justicia (DOJ) compile listas de empleados involucrados en estos casos políticamente sensibles.

Los agentes, que han optado por el anonimato, temen que estas listas puedan ser utilizadas para represalias, como despidos o degradaciones. La Asociación de Agentes del FBI apeló al Congreso para proteger a los empleados, destacando que estas acciones podrían comprometer la independencia de la Oficina y afectar su capacidad para realizar investigaciones de manera efectiva.

Recientemente, Trump ordenó personalmente el despido de más de una docena de fiscales que trabajaban en casos criminales en su contra, una medida ejecutada por el fiscal general interino James McHenry. Los fiscales despedidos formaban parte del equipo liderado por el exfiscal especial Jack Smith, y sus vacantes serían ocupadas por personas leales a la administración de Trump, lo que ha generado preocupaciones sobre la independencia del DOJ.

Expertos advierten que estas acciones se asemejan a tácticas autoritarias, donde las agencias de seguridad sirven los intereses de un líder. La administración de Trump enfrenta crecientes críticas por intentar consolidar el poder dentro del DOJ y el FBI, erosionando la protección del servicio civil diseñada para evitar despidos políticos.

Ante este panorama, el congresista demócrata  de Houston, Texas, Al Green, ha comenzado a preparar un nuevo intento de impugnación contra Trump. 

Las razones citadas incluyen el abuso de poder en el conflicto de Gaza, la violación de derechos constitucionales y las amenazas que sus políticas representan para la seguridad nacional y los derechos civiles.

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