Robert F. Kennedy Jr., secretario de Salud, quedó encargado de negociar los nuevos precios de los medicamentos con la industria farmacéutica. Foto: Cortesía / @WhiteHouse
El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que exige a las farmacéuticas reducir voluntariamente los precios de medicamentos en 30 días, bajo la amenaza de imponer restricciones basadas en los valores pagados por otros países. La medida, anunciada el lunes, busca igualar los costos a los de naciones como las europeas, según declaró Trump: “Todos vamos a pagar lo mismo”. Sin embargo, la orden dejó más interrogantes que certezas, especialmente sobre su impacto en programas como Medicare y Medicaid, que cubren a millones de estadounidenses vulnerables.
Robert F. Kennedy Jr., secretario de Salud, quedó encargado de negociar los nuevos precios con la industria. Si no se alcanzan acuerdos, su departamento desarrollaría una norma vinculando los pagos gubernamentales a los precios internacionales más bajos.
La propuesta revive un debate antiguo: durante su primer mandato, Trump intentó una estrategia similar, y ahora el plan enfrenta el mismo escepticismo. “Realmente parece pedir a las farmacéuticas que reduzcan precios voluntariamente a un nivel desconocido”, señaló Rachel Sachs, experta en derecho sanitario de la Universidad de Washington.
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Las críticas resaltan una tensión histórica: Estados Unidos gasta más en medicamentos que otros países desarrollados, un problema que ningún gobierno ha resuelto. Trump, por su parte, culpó a las farmacéuticas de aprovecharse del mercado estadounidense y amenazó con investigaciones federales e importaciones masivas.
El anuncio coincidió con un plan republicano para recortar fondos de Medicaid, lo que generó preocupación entre defensores de pacientes, pues mientras Trump prometía “ahorros billonarios”, la Casa Blanca omitió detalles concretos, dejando en incertidumbre a millones que dependen de programas públicos. Mehmet Oz, administrador de Medicare, confirmó reuniones con ejecutivos farmacéuticos, pero expertos como Sachs advirtieron que cualquier cambio real tardaría años en materializarse.
En el ámbito financiero, las acciones de compañías como Merck, Pfizer y Gilead subieron tras el anuncio, sugiriendo que los mercados no percibieron una amenaza inmediata.
Pfizer, que reportó ingresos por más de 63,000 millones de dólares en 2024, y Gilead, con un crecimiento del 6% en ventas ese mismo año, parecían confiar en su capacidad para navegar las nuevas regulaciones; esta reacción contrastó con las advertencias de la industria sobre el riesgo para la innovación.
El enfoque de Trump, aunque populista en retórica, chocó con la complejidad del sistema de salud estadounidense. La ley de 2022 que permite a Medicare negociar precios de algunos medicamentos a partir de 2026 ya enfrentó demandas de la industria, y esta nueva orden podría seguir un camino similar. Además, el poder del gobierno para influir en los precios de seguros privados —usados por la mayoría de los estadounidenses— sigue siendo limitado.
La orden ejecutiva reflejó una estrategia recurrente en Trump: anuncios disruptivos con implementación difusa, mientras tanto, millones de pacientes esperan una solución que, hasta ahora, parece tan esquiva como siempre.
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Las farmacéuticas han demostrado capacidad para adaptarse a presiones regulatorias. Pfizer, por ejemplo, expandió sus recortes de costos, proyectando ahorros por 7,700 millones de dólares para 2027, lo que le permitió superar expectativas de ganancias pese a la caída en ventas de Paxlovid. Gilead, por su parte, reportó un aumento del 8% en ventas de su portafolio base, impulsado por medicamentos como Biktarvy para el VIH, que generó 13,400 millones de dólares en 2024.
Merck, mientras tanto, consolidó el éxito de Keytruda, su fármaco estrella contra el cáncer, que mostró mejoras en supervivencia en pacientes con melanoma y carcinoma renal. Estos avances clínicos, sumados a estrategias de eficiencia operativa, explicaron en parte la resistencia inicial de las acciones a las amenazas regulatorias.
