Los republicanos en la Cámara de Representantes incluyeron en su proyecto de ley un impuesto del 5% sobre las transferencias, llamadas remesas, afectando a millones de personas. Foto: Cortesía / Freepik
La administración del presidente Donald Trump avanza con una propuesta que podría alterar el flujo de remesas, un salvavidas económico para millones de familias en América Latina. Los republicanos en la Cámara de Representantes incluyeron en su proyecto de ley estrella un impuesto del 5% sobre las transferencias, afectando a más de 40 millones de personas, incluidos residentes permanentes y titulares de visas temporales como H-1B, H-2A y H-2B.
Los ciudadanos estadounidenses estarían exentos; la medida se complementa con un memorando presidencial para “bloquear remesas” enviadas por indocumentados, aunque la Casa Blanca no ha detallado su implementación.
En Arizona, donde el más del 30 por ciento de los habitantes son inmigrantes, la medida tendría un enorme impacto y el cónsul general de México en Phoenix, Jorge Mendoza Yescas, expresó su preocupación.
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“Medidas de este tipo podrían afectar negativamente a familias binacionales, fomentar el uso de canales informales de envío de dinero y debilitar los lazos económicos y sociales entre ambos países. Desde el Consulado General de México en Phoenix, reiteramos nuestro compromiso de proteger los derechos e intereses de la comunidad mexicana en Arizona”, dijo.
¿Qué dijo Claudia Sheinbaum?
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó la iniciativa como “arbitraria e injusta”, argumentando que las remesas fortalecen tanto la economía mexicana como la estadounidense.
“Son el fruto del trabajo honesto”, insistió, subrayando su papel en la estabilidad de comunidades marginadas.
México, segundo receptor mundial de estos fondos, recibió un récord histórico de remesas en 2023, equivalentes al 4.5% de su PIB, según el Banco Mundial.
Impuestos a remesas traerían consecuencias
Expertos como Manuel Orozco, director del Programa de Migración y Remesas del Diálogo Interamericano, advierten consecuencias imprevistas y señaló que reducir estos flujos “dañaría el interés nacional de Estados Unidos” al limitar la capacidad de ahorro en países de origen y, paradójicamente, incentivar más migración irregular.
Los proponentes de la medida, como Mark Krikorian del Center for Immigration Studies, defienden que gravar las remesas desincentivaría la migración ilegal.
“Si es más difícil enviar dinero, venir aquí será menos atractivo”, afirmó.
Esta postura se alinea con esfuerzos previos, como el WIRED Act —impulsado por el vicepresidente JD Vance en 2023—, que buscaba aplicar una tasa del 10% a las remesas para financiar seguridad fronteriza, aunque no prosperó.
Sin embargo, la viabilidad de controlar estos flujos es cuestionable, pues empresas como Western Union reportaron una caída del 8% en transacciones desde Estados Unidos hacia América, atribuida a la disminución de la migración, no a impuestos.
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Además, como señaló Orozco, los migrantes podrían recurrir a canales informales —como el envío de dinero mediante viajeros (“mulas”)—, lo que aumentaría los riesgos de lavado de dinero y evadiría cualquier regulación.
Sheinbaum no es la única voz crítica: líderes centroamericanos y caribeños alertaron que reducir remesas agravaría la inestabilidad económica en países como Guatemala, Honduras y El Salvador, donde estos fondos representan hasta el 28% del PIB.
Mientras la propuesta se promueve como un golpe al “tráfico ilegal”, analistas subrayan que el verdadero perjudicado sería el ciudadano común.
En México, el 60% de los receptores usan las remesas para alimentos y salud, y en zonas rurales, estos fondos son la principal fuente de ingresos. Limitarlos no solo afectaría a millones, sino que pondría en riesgo avances contra la pobreza, especialmente tras la pandemia, cuando las remesas demostraron ser un amortiguador crítico.