Los demandantes en ocho casos consolidados habían argumentado que las leyes facultaban ilegalmente a los funcionarios para despojar a los ciudadanos naturalizados elegibles de sus derechos de voto basándose en verificaciones poco confiables de coincidencias de bases de datos. CORTESIA: Maricopa County Recorders Office / Facebook
Tribunal Federal derriba algunas normas del registro de votantes de Arizona
En reciente fallo el Tribunal de Distrito Federal de Arizona invalidó secciones clave de las controvertidas leyes de votación de Arizona, marcando una victoria significativa para los defensores de los derechos de voto y los ciudadanos naturalizados de Arizona.
La decisión llega después de la consolidación de ocho demandas, destacando un frente unido contra los esfuerzos de supresión del voto que buscaban imponer cargas innecesarias a los votantes bajo el pretexto de la integridad electoral.
“Aplaudimos al Tribunal por su acción decisiva en defensa de los derechos de todos los votantes de Arizona. La opinión de hoy desmantela un intento flagrante de suprimir los votos del diverso electorado de Arizona. Este fallo reafirma que la supresión del voto no tiene lugar en nuestra democracia, y los intentos de privar de derechos a los ciudadanos son una solución en busca de un problema”, declaró el Secretario de Estado, Adrian Fontes.
Esta decisión confirma que Arizona no puede exigir la inclusión del lugar de nacimiento de un individuo en los formularios de registro de votantes estatales, ni puede rechazar registros que carezcan de prueba documental de residencia.
En cambio, los arizonenses sin dicha documentación serán registrados como votantes solo federales si cumplen con los requisitos de otro modo, sin embargo, un votante calificado que desee votar en una boleta electoral estatal completa debe proporcionar prueba documental de residencia.
El Tribunal encontró que estas disposiciones no solo violaban la Ley Nacional de Registro de Votantes (NVRA), sino que también contravenían la Ley de Derechos Civiles (CRA) y esta decisión subraya el principio de que los ciudadanos naturalizados no deben enfrentar obstáculos indebidos para ejercer su derecho fundamental al voto.
El fallo del Tribunal enfatiza que la información como el lugar de nacimiento no es necesaria para determinar la elegibilidad del votante, protegiendo así a los votantes de la privación innecesaria de derechos. También marca un claro rechazo a la disposición de “Razón para Creer” de H.B. 2243, que injustamente apuntaba a ciudadanos naturalizados, como una violación tanto de la NVRA como de la Ley de Derechos Civiles.
La decisión es un recordatorio del tiempo y los recursos preciosos desperdiciados en esfuerzos que buscan erosionar las libertades civiles en lugar de protegerlas. “Arizona no puede rechazar los registros del Formulario Estatal que carezcan del estado o país de nacimiento de un individuo y debe registrar a un individuo si se encuentra elegible para votar”, declaró el Tribunal, sentando un precedente para otros estados que intenten promulgar leyes restrictivas similares.
La decisión que considera ilegal la disposición de “razones para creer” bajo la Ley de Derechos Civiles es una victoria para un reclamo legal presentado exclusivamente por las organizaciones de participación cívica Poder Latinx, Chicanos Por La Causa y Chicanos Por La Causa Action Fund.
La demanda fue presentada en nombre de los demandantes por el Fair Elections Center, el bufete de abogados Arnold & Porter y el Arizona Center for Law in the Public Interest. Sin embargo, esta victoria se ve atenuada por el fallo del tribunal que confirma el equilibrio de los procedimientos de investigación de ciudadanía en las leyes de Arizona impugnadas.
Los demandantes en ocho casos consolidados habían argumentado que las leyes facultaban ilegalmente a los funcionarios para despojar a los ciudadanos naturalizados elegibles de sus derechos de voto basándose en verificaciones poco confiables de coincidencias de bases de datos.
Las HB 2492 y HB 2243 de Arizona, que se aprobaron en 2022, exigen que los registradores del condado utilicen bases de datos gubernamentales obsoletas y poco confiables para investigar el estado de ciudadanía de los solicitantes de registro de votantes y de los votantes registrados.
El tribunal prohibió una de esas disposiciones que exigía a los funcionarios electorales realizar controles de ciudadanía adicionales basados en cualquier “razón para creer” que un votante registrado no es ciudadano estadounidense.
Al hacerlo, el tribunal sostuvo que esta disposición señalaba ilegalmente a los ciudadanos naturalizados en comparación con otros votantes.
Los arizonenses naturalizados son totalmente elegibles para votar y no deberían enfrentar barreras adicionales para registrarse y permanecer en las listas de votantes.
