Peter Navarro, exasesor de Donald Trump en la Casa Blanca, ha sido declarado culpable de dos cargos de desacato al Congreso por desafiar una citación del comité selecto de la Cámara del 6 de enero.
Un jurado emitió la condena unánime el jueves después de una deliberación de cuatro horas, que siguió a un juicio de dos días con testimonios de tres ex empleados del comité del 6 de enero. Cada cargo conlleva una sentencia máxima de un año y Navarro tiene la intención de apelar el veredicto.
Navarro enfrentó los dos cargos por lo que los fiscales dicen que fue su descarado desafío al esfuerzo del comité selecto de obtener evidencia sobre su conocimiento y participación en el intento de Trump de subvertir las elecciones de 2020. Cada cargo conlleva una pena máxima de un año de prisión.
“Nuestro gobierno sólo funciona cuando la gente sigue las reglas y sólo funciona cuando la gente rinde cuentas cuando no lo hacen”, dijo la fiscal federal adjunta Elizabeth Aloi durante los argumentos finales del jueves. “Cuando una persona decide intencional y deliberadamente desafiar una citación del Congreso, eso es un delito”.
“El acusado eligió la lealtad al expresidente Trump antes que el cumplimiento de una citación”, continuó Aloi. “El acusado optó por el desafío”.
El juicio de dos días, que incluyó menos de tres horas de testimonios de testigos, todos ellos de ex empleados del comité del 6 de enero, contradecía el tortuoso viaje de 15 meses para presentar el caso ante un jurado.
Navarro ha afirmado durante mucho tiempo que Trump le dijo que desafiara la citación del comité del 9 de febrero de 2022 y hiciera valer el privilegio ejecutivo, una exigencia que, según él, le confería inmunidad para no tener que cooperar con la investigación del Congreso. Durante meses, el juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Amit Mehta, debatió con preguntas intrincadas sobre cómo el privilegio ejecutivo podría aplicarse a un exasesor de un expresidente, si la creencia de Navarro de que Trump había invocado el privilegio constituía una defensa a los cargos y cómo la decisión del Departamento de Justicia de acusarlo se compara con sus opiniones de larga data sobre la inmunidad de algunos altos funcionarios del poder ejecutivo frente a la obligación de testificar ante el Congreso.
Mehta dictaminó que los precedentes legales prohibían a Navarro argumentar que creía que el privilegio ejecutivo lo eximía de cumplir con el comité selecto. Mehta también estuvo de acuerdo en que Navarro no había presentado ninguna evidencia convincente de que Trump en realidad hubiera hecho valer su privilegio.
