Janet Murguía, presidenta y directora ejecutiva de UnidosUS, advirtió que las deportaciones masivas dañarán a familias, a la comunidad y a la economía del país. Foto: Cortesía Unidos US
En un contundente testimonio presentado recientemente al Comité Judicial del Senado, Janet Murguía, presidenta y directora ejecutiva de UnidosUS, alertó a los legisladores sobre las graves consecuencias que tendrían las propuestas de deportaciones masivas en las familias estadounidenses, las comunidades y la economía nacional.
“La comunidad latina, al igual que otras, desea soluciones para arreglar nuestro sistema migratorio roto. Sin embargo, no apoyan propuestas extremas como las deportaciones masivas, que desgarrarían familias y comunidades, y pondrían en riesgo nuestra economía”, expresó Murguía.
“En cambio, apoyan soluciones que beneficien tanto a nuestra comunidad como a nuestro país, como un camino hacia la ciudadanía para las personas indocumentadas que llevan años contribuyendo al bienestar de nuestra nación”, agregó.
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Murguía subrayó que las deportaciones masivas tendrían un costo económico enorme, estimado en al menos $1.6 billones de dólares, y debilitarían la base impositiva del país, además de perjudicar a los trabajadores estadounidenses al aumentar los costos laborales y desestabilizar las economías locales. Según investigaciones citadas por UnidosUS, la remoción de trabajadores indocumentados afectaría sectores críticos como la agricultura, la construcción y la manufactura, agravando la inflación, aumentando los costos de alimentos y vivienda, y reduciendo el PIB en casi $5 billones de dólares en la próxima década.
El impacto humano también sería significativo. Millones de niños nacidos en Estados Unidos, que viven en familias de estatus migratorio mixto, quedarían en situación de vulnerabilidad y pobreza. Esto afectaría su educación, salud mental y estabilidad emocional, mientras que una atmósfera de temor generalizado se extendería en las comunidades.
Un llamado a soluciones integrales
UnidosUS instó al Congreso a priorizar soluciones legislativas que proporcionen alivio a las familias indocumentadas, traigan orden a la frontera sur y promuevan la prosperidad económica. “Esto no se trata solo de proteger a las comunidades latinas, se trata de preservar el futuro económico y el tejido moral de nuestra nación”, afirmó Murguía.
La organización también destacó que las deportaciones masivas no ahorrarían dinero a los contribuyentes, como afirman sus defensores, sino que resultarían en una carga financiera y social aún mayor para el país.
Desde 1968, UnidosUS se ha establecido como la organización de derechos civiles y defensa de los hispanos más grande del país. Su trabajo incluye investigación experta, programas de apoyo, defensa de políticas públicas y colaboración con más de 300 organizaciones comunitarias afiliadas en todo Estados Unidos y Puerto Rico. UnidosUS aboga por una América en la que el progreso económico, político y social sea una realidad para todos los latinos.
