Una ley de Arizona que prohibía filmar a la policía en ciertas circunstancias será bloqueada permanentemente a través de un acuerdo de conciliación entre organizaciones de medios y defensores de los derechos civiles y el fiscal general Kris Mayes.
La ley, que prohibía filmar a la policía en ciertas circunstancias y que fue aprobada el año pasado por la legislatura estatal y firmada por el entonces gobernador Doug Ducey a través del Proyecto de Ley 2319 de la Cámara de Representantes, ha sido bloqueado temporalmente por un juez federal desde septiembre pasado y nunca ha entrado en vigencia.
La ley habría convertido en delito crear grabaciones de video de agentes de policía mientras se encontraba a ocho pies de donde estaba ocurriendo la “actividad de aplicación de la ley”. Si la persona que grababa el video se negaba a detenerse después de que se lo ordenaron, podría haber enfrentado un cargo de delito menor y hasta 30 días de cárcel.
Pero a través de un acuerdo de conciliación alcanzado recientemente entre los demandantes en el caso, medios de comunicación y organizaciones de derechos civiles, y Mayes, la ley sería oficialmente declarada inconstitucional por violar la Primera Enmienda.
A través del acuerdo, la Fiscalía también reconoce que “existe un derecho claramente establecido para registrar a los agentes del orden público en el ejercicio de sus funciones oficiales”.
La ley de grabación policial no puede “soportar un escrutinio intermedio porque la ley prohíbe o congela una cantidad sustancial de actividades protegidas por la Primera Enmienda y es innecesaria para evitar la interferencia con los oficiales de policía dadas otras leyes de Arizona vigentes”, acordaron los demandantes y Mayes en el acuerdo propuesto.
El acuerdo se presentó el miércoles, pero aún no ha sido aprobado por el juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unido0s John Tuchi, quien podría hacer enmiendas al acuerdo.
“Estamos muy contentos de haber puesto fin a este caso y a esta ley inconstitucional”, dijo Matthew Kelley, el abogado que representa a los demandantes.
“Debería enviar un mensaje a la legislatura estatal de que si persisten en aprobar una legislación que es inconstitucional, será anulada en los tribunales y le costará dinero al estado, tanto para defender dichas leyes como para los honorarios de los abogados de los demandantes. que tienen que acudir a los tribunales para revocar esas leyes”, afirmó.
Kelley dijo que estaba agradecido de que Mayes reconociera que la ley era inconstitucional y también acordó reembolsar a los demandantes algunos de sus honorarios legales.
Algunos de los demandantes en el desafío legal son Arizona Mirror y su empresa matriz, States Newsroom; la Asociación de Locutores de Arizona; la Asociación de Periódicos de Arizona; la empresa matriz de Fox 10 Phoenix; la empresa matriz de KTVK 3TV, KPHO CBS 5 News y KOLD News 13; KPNX 12 Noticias; NBCUniversal, propietaria de Telemundo Arizona; la Asociación Nacional de Fotógrafos de Prensa; Phoenix Newspapers Inc., propietaria de The Arizona Republic; Scripps Media, propietaria de ABC15 en Phoenix y KGUN9 en Tucson; y la ACLU de Arizona.
Si se aprueba el acuerdo, la Oficina del Fiscal General reembolsará a los demandantes $69,000 en honorarios de abogados, con $23,000 destinados a la ACLU de Arizona y $46,000 a desembolsar entre los demandantes de varias organizaciones de medios.
